La Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) decidirá este miércoles 8 de julio si suspende temporalmente los servicios de salud a los afiliados de las principales Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), como parte de las acciones que impulsa para reclamar una actualización de las tarifas que reciben los centros médicos.
La decisión será tomada durante una asamblea nacional en la que participarán representantes de clínicas de todo el país. En ese encuentro también se definirá cuáles ARS serían afectadas por la medida y por cuánto tiempo se mantendría la suspensión de los servicios.
El presidente de Andeclip, Rafael Mena, afirmó que la reunión dará paso a decisiones que podrían tener un impacto significativo en el sistema de salud dominicano. La organización reclama una indexación del 110 % en las tarifas que pagan las ARS, asegurando que ese porcentaje refleja la inflación acumulada en el sector salud. Según explicó, desde la entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Social, las administradoras solo han aplicado un incremento cercano al 25 %, lo que, a su juicio, ha deteriorado la sostenibilidad económica de las clínicas privadas.
Andeclip sostiene que los centros de salud enfrentan un aumento constante en sus costos operativos, incluyendo pago de nómina, energía eléctrica, seguridad social, medicamentos e insumos médicos, sin que esos incrementos se reflejen en las tarifas que reciben por los servicios prestados.
El anuncio se produce en medio de un escenario de tensión en el sector salud. Para este martes 7 de julio, el Colegio Médico Dominicano (CMD) convocó un paro nacional de 24 horas en los servicios electivos, en protesta por el trato que, según denuncia, recibieron dos médicos sometidos a la justicia por un presunto caso de mala práctica médica en La Vega.
La posible suspensión de servicios por parte de Andeclip se sumaría a este clima de conflictividad, generando preocupación en la población afiliada a las ARS y en los distintos actores del sistema de salud. La organización ha reiterado que su objetivo no es afectar a los pacientes, sino llamar la atención sobre la necesidad urgente de revisar las tarifas y garantizar la sostenibilidad de las clínicas privadas, que representan un componente esencial en la atención médica del país.
