La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) presentó este miércoles su posición frente al proceso de modificación del Código Penal, al advertir que varios artículos requieren una redacción más clara para garantizar el respeto a los principios de legalidad y debido proceso, evitando interpretaciones que puedan afectar la seguridad jurídica de las empresas.
Artículos señalados
El gremio industrial propone fortalecer la redacción de los artículos 8 al 13, así como de los artículos 150 y 151, sin menoscabar la eficacia de la persecución penal que procura el Código. La AIRD sostuvo que las modificaciones que finalmente sean aprobadas deben contribuir a fortalecer la seguridad jurídica, la competitividad y la existencia de un marco legal predecible que favorezca la inversión y el desarrollo empresarial.
Declaraciones oficiales
“La AIRD respalda un Código Penal moderno y actualizado para la República Dominicana. Precisamente por eso consideramos importante que este proceso de modificación permita corregir las disposiciones que, en su redacción actual, pueden dar lugar a interpretaciones que afecten la seguridad jurídica de las empresas”, afirmó Mario E. Pujols, vicepresidente ejecutivo de la entidad.
Comisión bicameral
La asociación recordó que la comisión bicameral encabezada por el diputado Wandy Batista y la senadora María Mercedes Ortiz tiene previsto rendir su informe antes del cierre de la presente legislatura ordinaria, programado para el próximo 26 de julio.
Valor del registro jurídico
La AIRD subrayó que un Código Penal actualizado debe ser un instrumento que, además de garantizar justicia, ofrezca certeza a los actores económicos. En ese sentido, insistió en que la claridad normativa es indispensable para atraer inversión y consolidar la competitividad del país.
Contexto empresarial
El comunicado enfatizó que las empresas requieren un marco legal que evite incertidumbre y que permita desarrollar la actividad productiva sin riesgos de interpretaciones ambiguas. La AIRD considera que la reforma penal es una oportunidad para fortalecer la institucionalidad y la confianza en el sistema jurídico dominicano.
