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Ortega anuncia reforma constitucional para impedir la participación de opositores en futuras elecciones

El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció este viernes que impulsa una reforma parcial a la Constitución con el objetivo de impedir que personas a las que su Gobierno califica como «terroristas» o «golpistas» puedan participar en futuros procesos electorales.

Durante un acto oficial en Managua, el mandatario explicó que la iniciativa, elaborada junto con la Asamblea Nacional, busca fortalecer el marco legal para, según afirmó, preservar la paz y evitar que sectores opositores vuelvan a organizar acciones que, a su juicio, amenazan la estabilidad del país.

Ortega sostuvo que las modificaciones constitucionales permitirán celebrar elecciones «con soberanía» y garantizarán que quienes considera responsables de conspiraciones o intentos de desestabilización no puedan aspirar a cargos públicos. Además, aseguró que Nicaragua «quiere la paz» y que las nuevas disposiciones estarán orientadas a reforzar ese objetivo mediante la legislación.

El anuncio se produce días después de que el gobernante afirmara que en el país no volverían a celebrarse elecciones para que la oposición intentara alcanzar el poder, declaraciones que generaron amplia repercusión dentro y fuera de Nicaragua.

En respuesta a la situación, la Organización de los Estados Americanos (OEA) informó que estudia convocar una reunión de ministros de Relaciones Exteriores para analizar el panorama político nicaragüense. El Consejo Permanente del organismo debatirá el próximo 5 de agosto una propuesta sobre la crisis institucional en el país.

Las declaraciones de Ortega también provocaron reacciones de gobiernos como los de Costa Rica, Panamá y Guatemala, además del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quienes expresaron preocupación por el futuro del proceso democrático en Nicaragua.

Daniel Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 y enfrenta constantes cuestionamientos por presuntas irregularidades electorales, persecución contra opositores y restricciones a la participación política, señalamientos que su administración rechaza.

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