El presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopymes), Fernando Pinales, informó que más de 400,000 empresas funcionan en la informalidad en República Dominicana, mientras cerca de 1.2 millones de negocios están registrados formalmente ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Durante una entrevista en el programa Esferas de Poder, Pinales explicó que las empresas informales mantienen operaciones, generan empleos y cuentan con trabajadores, pero no cumplen con el pago de impuestos ni ofrecen a sus empleados los beneficios y protecciones establecidos por el sistema de seguridad social.
El dirigente empresarial indicó que, según datos oficiales del Banco Central, la informalidad en el país se encuentra entre un 50 % y 60 %, representando uno de los principales retos para el desarrollo económico nacional.
Pinales destacó que las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 98 % de las compañías formalizadas y aportan más del 65 % de los empleos en la República Dominicana, con una generación estimada de entre 2 y 3 millones de puestos de trabajo.
Asimismo, señaló que alrededor del 70 % de las empresas dominicanas corresponden a microempresas, por lo que consideró necesario fortalecer las políticas públicas dirigidas a reducir la informalidad mediante mayor acceso al financiamiento, oportunidades en las compras públicas y mejores condiciones para la formalización.
El presidente de Codopymes afirmó que una economía con altos niveles de informalidad limita el crecimiento, por lo que llamó a impulsar medidas que permitan integrar más negocios al sistema formal y fortalecer la competitividad del sector productivo.
Pinales pide retomar diálogo sobre reforma laboral
Fernando Pinales también exhortó a los sectores empresarial y sindical a retomar las conversaciones sobre la reforma al Código de Trabajo que se debate en el Congreso Nacional.
El representante de Codopymes consideró que el diálogo es la vía para alcanzar acuerdos que permitan actualizar una legislación laboral vigente desde 1992 y adaptarla a las nuevas realidades económicas.
En relación con la cesantía, Pinales aclaró que la propuesta empresarial no busca eliminarla, sino modificarla mediante la creación de un límite. Planteó establecer un tope de seis años o diez salarios mínimos como referencia.
El dirigente empresarial insistió en que alcanzar un consenso entre empleadores y trabajadores permitirá avanzar hacia una reforma equilibrada que garantice derechos laborales y, al mismo tiempo, fomente la generación de empleos.
