La República Dominicana inició este lunes una nueva etapa en su sistema de justicia con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, una reforma que introduce más de 70 nuevas figuras delictivas y establece sanciones más estrictas para distintos crímenes.
La implementación de la normativa ocurre mientras el Tribunal Constitucional (TC) mantiene pendientes 15 acciones directas de inconstitucionalidad contra varios artículos de la ley. De los recursos depositados, ocho ya fueron conocidos en audiencia y permanecen en estado de fallo, mientras que siete aún esperan ser evaluados por la Alta Corte.
Entre las disposiciones más cuestionadas se encuentra el artículo 310, señalado en al menos siete de los recursos presentados. Este apartado regula el delito de ultraje contra jueces, fiscales y otros servidores públicos, estableciendo sanciones para expresiones, mensajes, escritos o gestos considerados ofensivos hacia funcionarios del Estado.
Organizaciones como el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), la Fundación para la Promoción de Estudios Legales (Funprel), asociaciones jurídicas y ciudadanos particulares figuran entre los sectores que han llevado sus objeciones ante el Tribunal Constitucional.
Además del artículo sobre ultraje, otros aspectos del Código Penal han sido impugnados por posibles afectaciones a derechos fundamentales, especialmente en materia de libertad de expresión, discriminación y garantías ciudadanas.
La nueva legislación sustituye un código con más de un siglo de vigencia y establece cambios significativos en el tratamiento de los delitos. Entre las nuevas figuras incorporadas se encuentran el sicariato, el feminicidio, el genocidio, el terrorismo, el daño provocado con sustancias químicas y la corrupción administrativa.
Asimismo, el nuevo marco jurídico contempla penas acumulativas de hasta 60 años para determinados delitos graves y modifica el sistema de sanciones en diversas áreas del derecho penal dominicano.
Aunque la normativa comenzó a aplicarse en todo el territorio nacional, continúa generando debate entre sectores jurídicos y sociales que consideran que algunos artículos podrían entrar en conflicto con principios constitucionales.
Mientras el Tribunal Constitucional analiza los recursos pendientes, el nuevo Código Penal avanza en su proceso de aplicación, con la posibilidad de que futuras decisiones judiciales puedan modificar disposiciones específicas sin detener la vigencia general de la reforma.
