Hace apenas quince años, en cualquier tertulia de la cafetería El Conde, la Cafetera, en una redacción de periódico o en una conversación familiar, se podían sostener ciertas ideas sin que nadie te mirara como si hubieras llegado del siglo XIX: que hay hombres y mujeres; que los niños necesitan un padre y una madre; que las fronteras existen por una razón; que el mérito importa más que el color de la piel o el género; que una broma no es violencia y que el debate no se gana cancelando al contrario. Eran posturas tan ordinarias que ni siquiera se discutían. Formaban parte del sentido común.
Hoy, esas mismas afirmaciones bastan para que a uno le cuelguen el cartel de “extrema derecha”. Y aquí empieza el truco retórico más efectivo de los últimos años: desplazar el centro tan a la izquierda que cualquier posición que no haya abrazado el nuevo catecismo aparezca como radical.
Las ideas que se autodenominan “woke” no son una evolución natural del progreso; son una ruptura radical. En 2011, nadie discutía en serio que el sexo biológico fuera binario. Nadie exigía que los colegios enseñaran a los niños a cuestionar su identidad de género antes de saber multiplicar. Nadie convertía la literatura clásica en un campo de minas de “microagresiones”, ni decía que Caperucita y Cenicienta había que cambiarles el argumento porque son sexistas. Nadie sostenía que la igualdad de oportunidades debiera sustituirse por cuotas rígidas de representación. Esas propuestas no estaban en el menú de lo razonable. Estaban fuera.
Lo que ha ocurrido no es que la sociedad se haya vuelto más “consciente”. Es que un sector ideológico ha logrado imponer un nuevo marco de lo aceptable y, al mismo tiempo, criminalizar a quienes se resisten a aceptarlo. El resultado es perverso: el ciudadano que sigue pensando como pensaba la mayoría hace quince años se convierte, de la noche a la mañana, en un peligro para la democracia. Mientras tanto, quienes defienden que un hombre puede ser mujer si así lo siente, o que la delincuencia debe entenderse siempre como producto de estructuras de opresión, ocupan el espacio de lo “moderado” y lo “progresista”.
Este corrimiento del umbral de Overton no es casual. Se sostiene sobre una estrategia sencilla: polarizar el lenguaje. Si todo lo que no es extremadamente identitario se llama “derecha radical”, entonces la derecha radical desaparece como categoría real y se convierte en un cajón de sastre donde cabe cualquiera que no aplauda. Así, el padre de familia que no quiere que a su hijo de ocho años le hablen de géneros fluidos; el vecino que pide más policía en su barrio; o el periodista que se niega a usar pronombres inventados impuestos en un manual de estilo pasan a ser “fascistas” o “ultraderechistas”. El insulto sustituye al argumento.
La ironía es que quienes más gritan contra la “extrema derecha” suelen ser los mismos que han normalizado prácticas que hace poco se consideraban marginales o abiertamente absurdas. Y cuando la gente común reacciona —cuando dice “basta”—, no está radicalizándose. Está recuperando el terreno de lo evidente.
No se trata de negar problemas reales. El racismo existe. La discriminación existe. La desigualdad existe. Pero convertir cada diferencia en opresión estructural, cada desacuerdo en violencia y cada tradición en sospechosa no soluciona nada. Solo genera resentimiento y confusión. Y cuando el sentido común se vuelve sospechoso, la sociedad no avanza: se empobrece.
Por eso conviene decirlo sin rodeos: la extrema derecha, como espectro político organizado y coherente que amenace las libertades básicas, es mucho más pequeña de lo que se pretende. Lo que sí existe, y en cantidad, es una ciudadanía que se niega a aceptar que lo normal de ayer sea el radicalismo de hoy. Esa gente no necesita esvásticas ni uniformes. Solo necesita que le dejen decir en voz alta lo que la mayoría todavía piensa en silencio.
