Santo Domingo, 5 de agosto de 2026. — Hoy se cumplen 11 años de uno de los episodios judiciales que más controversia generó en República Dominicana en torno a la nacionalidad, la migración y el papel de los organismos internacionales de derechos humanos.
En ese año, un 5 de agosto de 2015, sectores críticos del proceso denunciaron que un grupo de organizaciones no gubernamentales, junto a activistas dominicanos y haitianos radicados en el país, habría impulsado un expediente que, según sus señalamientos, fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con alegaciones que consideraban falsas, contribuyendo a que República Dominicana fuera señalada internacionalmente en materia de apatridia.
Estos sectores también cuestionaron el papel de organizaciones financiadas mediante cooperación internacional, incluyendo programas como USAID. Las organizaciones involucradas han rechazado estas acusaciones y han defendido que sus actuaciones estuvieron orientadas a la protección de derechos humanos.
El 5 de agosto de 2015, un tribunal de Barahona anuló el acta de nacimiento de Willian Medina Ferreras, una de las personas que había llevado un proceso contra el Estado dominicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando que era dominicano de nacimiento y que había sido deportado de manera arbitraria hacia Haití.
La Segunda Sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona declaró la nulidad del acta de nacimiento correspondiente a Medina Ferreras, luego de una demanda presentada por la Junta Central Electoral (JCE), que alegó que el documento había sido instrumentado sobre bases falsas y que carecía de valor jurídico.
La JCE informó en ese momento que la decisión judicial ordenaba la nulidad absoluta del acta registrada en la Oficialía del Estado Civil de la primera circunscripción del municipio de Cabral, por considerar que existían irregularidades en su emisión.
El caso de Medina Ferreras formó parte del proceso conocido como “Personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese expediente participaron organizaciones defensoras de derechos humanos como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA), el Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados (GARR) y clínicas de derechos humanos universitarias.
Sectores opositores al proceso han sostenido durante años que estas organizaciones utilizaron el caso para proyectar una imagen negativa de República Dominicana ante tribunales internacionales, cuestionando además el rol de entidades que reciben financiamiento extranjero para trabajar asuntos relacionados con migración y derechos humanos.
Entre los cuestionamientos políticos mencionados por esos sectores figuran señalamientos sobre la participación de ONG nacionales e internacionales y posibles apoyos financieros provenientes de organismos de cooperación extranjera. No obstante, las organizaciones señaladas han defendido su trabajo y han afirmado que sus acciones se desarrollaron dentro del marco de la defensa de derechos fundamentales.
La Corte Interamericana conoció el caso bajo la perspectiva de denuncias relacionadas con expulsiones y presuntas vulneraciones de derechos de personas dominicanas y haitianas, mientras que el Estado dominicano ha mantenido posiciones críticas frente a varias decisiones emitidas por ese tribunal internacional.
