El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció el envío al Congreso de una reforma constitucional que buscará reforzar la seguridad pública y otorgar mayores facultades al Estado para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo.
Durante un mensaje transmitido por cadena nacional desde el Palacio de La Moneda, el mandatario afirmó que la iniciativa establecerá de manera explícita que garantizar la seguridad de los ciudadanos será una obligación constitucional del Estado. Según explicó, esta modificación permitirá contar con un marco legal más sólido y herramientas más eficaces para enfrentar la delincuencia.
Kast también informó que instruyó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, para acelerar la tramitación de la denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), con el objetivo de que las principales medidas sean aprobadas antes de Navidad.
Entre las propuestas destaca que la sola pertenencia a una organización criminal sea considerada un delito con sanciones más severas. Asimismo, anunció un régimen penitenciario especial para narcotraficantes, la ampliación del plazo de flagrancia de 12 a 24 horas y la creación de un organismo encargado de decomisar y destruir los bienes obtenidos por el crimen organizado.
El jefe de Estado aseguró que el plan de seguridad se basa en tres pilares: prevención, recuperación del control territorial y fortalecimiento de las instituciones. Además, sostuvo que las autoridades no solo perseguirán delitos individuales, sino también a las estructuras criminales, sus líderes, sus recursos financieros y las zonas donde operan.
La reforma también contempla nuevas sanciones para quienes bloqueen vías públicas mediante barricadas u obstáculos, así como penas agravadas para quienes recluten menores de edad para actividades delictivas, como el tráfico de drogas o el uso de armas.
En materia migratoria, Kast anunció el endurecimiento de las medidas contra la inmigración irregular, incluyendo la ampliación de la retención de personas en situación ilegal y el fortalecimiento de los mecanismos de expulsión de quienes no tengan autorización para permanecer en el país.
El anuncio se produjo durante una alocución en la que el presidente también celebró la aprobación parlamentaria de su reforma tributaria y económica, una de las principales iniciativas de su administración.
