La petición de comparecencia de cuatro ministros por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos vuelve a enfrentar a las dos Cámaras, dominadas por mayorías políticas diferentes.
La crisis migratoria de Ceuta ha desencadenado un nuevo enfrentamiento institucional entre el Congreso de los Diputados y el Senado, un conflicto que se suma a una larga serie de discrepancias entre ambas Cámaras y que, en anteriores ocasiones, incluso ha terminado ante el Tribunal Constitucional.
El último desacuerdo gira en torno a la comparecencia de cuatro ministros para explicar la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos en Ceuta. El Partido Popular, que cuenta con mayoría en el Senado, reclama que los responsables de Defensa, Exteriores, Interior y Justicia acudan esta semana a la Cámara Alta. El Gobierno, en cambio, ha decidido que las comparecencias se celebren a finales de agosto en el Congreso.
La disputa comenzó el pasado jueves, cuando la Mesa del Senado acordó reunirse para habilitar el mes de agosto y solicitar la presencia de los ministros. Al mismo tiempo, el PP registró en el Congreso una petición para convocar la Diputación Permanente y reclamar explicaciones en comisión, además de solicitar la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un pleno extraordinario.
El Ejecutivo respondió al día siguiente registrando sus propias solicitudes para que los cuatro ministros comparecieran en el Congreso. La ministra de Defensa, Margarita Robles, está prevista para el 25 de agosto; el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para el día 27; y los ministros del Interior y Exteriores, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, respectivamente, para el 28.
El Gobierno sostiene que, debido a la relevancia de la situación y para evitar que se dupliquen las comparecencias, las explicaciones deben ofrecerse en el Congreso, considerado la Cámara constitucionalmente prevalente.
El Senado, sin embargo, mantiene su convocatoria para esta semana y ha advertido al Ejecutivo de que no ha presentado ninguna causa que impida la asistencia de los ministros. El presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, incluso ha señalado que podrían emprenderse las medidas legales correspondientes si los miembros del Gobierno no acuden a las comparecencias.
Una larga lista de desacuerdos
El conflicto provocado por la situación en Ceuta se suma a otros enfrentamientos entre Congreso y Senado, cuyas mayorías políticas han dificultado en los últimos años la coordinación entre ambas instituciones.
Uno de los principales casos pendientes es el Tratado de Amistad entre España y Francia, firmado en 2023. Aunque el acuerdo ya cuenta con la ratificación del Parlamento francés, su aprobación en España continúa paralizada después de que el Senado, controlado por el PP, planteara una cuestión previa ante el Tribunal Constitucional.
La controversia también se ha trasladado a la tramitación de distintas leyes. El Congreso y el Senado han discrepado sobre varias enmiendas aprobadas por la Cámara Alta y posteriormente rechazadas en la Cámara Baja a petición del Gobierno.
Entre los casos figura la reforma sobre la multirreincidencia, impulsada por Junts y modificada en el Senado con el respaldo del PP. El Ejecutivo argumentó que las modificaciones suponían un aumento del gasto público y ejerció su derecho de veto.
Situaciones similares se produjeron con las leyes de movilidad sostenible, navegación aérea y desperdicio alimentario. En estos cuatro expedientes, la Mesa del Congreso terminó retirando las enmiendas introducidas por el Senado, al considerar que las cuestiones presupuestarias debían haber sido examinadas previamente por la Mesa de la Cámara Alta.
Así, la crisis de Ceuta abre un nuevo capítulo en una relación cada vez más marcada por las diferencias políticas entre las dos Cámaras de las Cortes Generales.
