Estados Unidos puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, dejando a miles de ciudadanos hondureños sin el amparo migratorio que durante años les permitió permanecer en territorio estadounidense y trabajar legalmente.
La decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) marca el cierre de una protección que estuvo vigente para los hondureños desde 1999, cuando fue otorgada tras los graves daños ocasionados por el huracán Mitch en Centroamérica.
Miles de hondureños quedan en una situación incierta
La terminación del TPS afecta a decenas de miles de hondureños. Las autoridades estadounidenses habían estimado inicialmente que unas 72 mil personas estaban incluidas en la designación, mientras que cálculos posteriores sitúan la cifra de afectados en alrededor de 50 mil beneficiarios.
El programa permitía a sus participantes contar con protección frente a la deportación y obtener autorización para trabajar en Estados Unidos.
Sin embargo, la administración de Donald Trump determinó que las condiciones que habían justificado la permanencia de Honduras en el programa ya no respaldaban su continuidad y anunció la cancelación del beneficio.
Una decisión que enfrentó obstáculos judiciales
El Gobierno estadounidense estableció inicialmente el 8 de septiembre de 2025 como fecha para la finalización del TPS hondureño.
La medida fue cuestionada ante tribunales estadounidenses, donde diferentes procesos judiciales generaron incertidumbre sobre el futuro de la protección y mantuvieron durante un período la posibilidad de que los beneficiarios conservaran sus derechos.
Tras las actuaciones judiciales posteriores, la terminación del TPS quedó finalmente vigente.
¿Qué opciones tienen ahora los hondureños?
Con el fin de la protección temporal, quienes no hayan obtenido otro beneficio migratorio deberán buscar una vía legal para permanecer en Estados Unidos o regresar a Honduras.
Entre las posibilidades pueden encontrarse otros mecanismos migratorios, siempre que la persona cumpla con los requisitos establecidos por las leyes estadounidenses.
El Gobierno de Honduras había solicitado a Estados Unidos un período de gracia para que los beneficiarios tuvieran más tiempo para analizar alternativas, organizar su retorno o buscar una solución migratoria.
La cancelación del TPS hondureño forma parte de una política más amplia de revisión y eliminación de este beneficio para ciudadanos de diferentes países.
Para miles de hondureños que llevan años viviendo en Estados Unidos, la medida supone ahora un cambio drástico y los obliga a definir su situación migratoria ante la posibilidad de procedimientos de deportación si permanecen en el país sin otro estatus legal.
