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La Fiscalía General de Bolivia ha decidido activar una alerta migratoria contra el expresidente Evo Morales y ha iniciado una nueva indagatoria relacionada con presuntos actos de corrupción durante su administración. Esta acción se produce tras la denuncia presentada por los exdiputados Amílcar Barrar y Yesenia Yarhuri Albino.
La denuncia se centra en el manejo de fondos de un programa multimillonario conocido como Fondo Indígena, así como en la formalización de contratos con la empresa china CAMC, cuyo vínculo en Bolivia está relacionado con una exnovia de Morales.
Según los denunciantes, el daño económico al Estado podría ascender a 1.000 millones de dólares, una cifra que el Ministerio Público deberá verificar.
Esta reciente acusación se suma a una serie de denuncias previas contra Morales, que el movimiento que lo respalda considera parte de una campaña de «lawfare» destinada a eliminarlo del ámbito político. Uno de los casos más impactantes involucra una acusación sobre un presunto embarazo de una adolescente de 15 años durante su mandato, lo que ha generado un amplio debate en el país.
