El director del FBI, Kash Patel, anunció este miércoles el arresto del dominicano Francisco Paulino, representante estatal de Massachusetts, acusado de presuntos delitos relacionados con el uso fraudulento de fondos de ayuda por el COVID-19 y lavado de dinero.
Según la información difundida, Paulino habría utilizado aproximadamente 700,000 dólares de fondos destinados a la asistencia durante la pandemia para cubrir gastos personales, incluyendo la compra de bienes raíces, pagos de préstamos y transferencias a su cuenta de campaña. Las autoridades también alegan que parte del dinero fue prestado a una tasa de interés elevada que él mismo pagaba.
Entre los ocho cargos presentados contra el legislador figuran fraude electrónico, tres cargos por transacciones monetarias ilícitas y lavado de dinero.
Contexto y relación con otros casos
El arresto de Paulino se produce casi dos semanas después del del alcalde de Lawrence, Brian DePeña, también de origen dominicano, quien enfrenta acusaciones similares por el presunto uso indebido de fondos de ayuda económica durante la pandemia.
De acuerdo con la denuncia penal presentada ante un tribunal federal de Boston, DePeña habría obtenido más de 1.6 millones de dólares en préstamos de ayuda para su empresa Tenares Tire Service Inc., mediante declaraciones que los investigadores consideran falsas. Parte de esos recursos habrían sido utilizados para fines personales y políticos.
En el caso de Paulino, las autoridades sostienen que el esquema de fraude se ejecutó de manera paralela, con transferencias y operaciones financieras que buscaban ocultar el origen de los fondos.
Declaración de inocencia y proceso judicial
Al ser consultado por Telemundo Nueva Inglaterra, Paulino se declaró no culpazo de los cargos. El proceso judicial ahora pasará a la fase de audiencias preliminares, donde se determinará si existen pruebas suficientes para llevarlo a juicio.
El FBI ha reiterado que los casos de fraude vinculados a los fondos de ayuda por el COVID-19 constituyen una prioridad en sus investigaciones, dado el impacto que estas prácticas tienen sobre los recursos destinados a comunidades y empresas afectadas por la pandemia.
