SANTO DOMINGO.— Inició este viernes el juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados por el Ministerio Público de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025.
El proceso es conocido por el juez Franny González Castillo, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, quien dio apertura a la audiencia en la que el órgano acusador comenzó a presentar los elementos que sustentan su acusación contra los administradores del establecimiento.
“El peso de la negligencia pudo más que la capacidad del techo del Jet Set”, afirmó el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, al iniciar la presentación del caso.
El desplome de la estructura provocó la muerte de 236 personas y dejó más de 180 heridas, convirtiéndose en una de las tragedias más graves ocurridas recientemente en República Dominicana.
Durante su intervención, Camacho pidió al tribunal tener presente la frase con la que inició la exposición, al considerar que resume la esencia de los hechos que serán debatidos durante el juicio.
La acusación, presentada por Camacho junto a los fiscales Miguel Collado y Emmanuel Ramírez, consta de 156 páginas e incluye 84 testigos. El expediente también reúne a 346 víctimas, querellantes y actores civiles de diez nacionalidades.
¿De qué acusa el Ministerio Público a los hermanos Espaillat?
Según la acusación, Antonio y Maribel Espaillat, como responsables de la operación del establecimiento ubicado en la avenida Independencia, habrían incurrido en los delitos de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, previstos en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.
El Ministerio Público sostiene que los imputados contribuyeron al deterioro de la estructura al colocar sobre el techo equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que determinaran si la edificación podía soportar el peso adicional.
Asimismo, la Fiscalía afirma que los administradores ignoraron advertencias internas sobre el deterioro progresivo del techo y que habrían priorizado el ahorro de recursos pese a los riesgos existentes.
En el caso de Maribel Espaillat, la acusación establece que presuntamente se negó a detener una actividad que se desarrollaba en el establecimiento, a pesar de que empleados habían reportado previamente la caída de escombros desde la estructura.
Informes sobre la estructura
Como parte de la investigación, el Ministerio Público incorporó análisis realizados por los ingenieros Leonardo de Jesús Reyes Madera, especialista en estructuras sismorresistentes; Eduardo A. Fierro, presidente de BFP Engineers, y Máximo José Corominas Quezada, ingeniero patólogo.
Los especialistas fueron designados durante la investigación para analizar las condiciones de la edificación y establecer los factores que pudieron contribuir al colapso del techo.
La investigación se realizó a partir de una instrucción particular de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien comisionó a la Dirección General de Persecución y a la Fiscalía del Distrito Nacional para determinar las causas de la tragedia.
Envío a juicio
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio a los administradores del Jet Set Club y dispuso, además, la extensión de embargos e hipotecas judiciales por un monto de 500 millones de pesos sobre bienes vinculados al entorno familiar y empresarial de los acusados.
Estas medidas también alcanzan bienes de personas que no enfrentan cargos penales dentro del proceso.
La defensa de Antonio y Maribel Espaillat está integrada por los abogados Jorge Luis Polanco, Miguel Valerio y Ramón Emilio Núñez.
En el proceso también figuran como terceros civilmente demandados las empresas Inversiones E y L, S.R.L.; Difusora Hemisferio, S.R.L., y Radio Cadena Comercial, S.R.L., además de Eveline Espaillat y Ana Grecia López.
El juicio continuará con la presentación de las pruebas y testimonios de las partes, mientras el tribunal deberá determinar, al final del proceso, las responsabilidades que correspondan por el colapso de la estructura que dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.
