Estados Unidos inició en agosto la deportación de miles de ciudadanos haitianos que durante años estuvieron acogidos al Estatus de Protección Temporal (TPS), una medida que ha despertado preocupación entre diversos sectores de República Dominicana.
Alrededor de 300,000 haitianos fueron beneficiados con este programa luego del terremoto que devastó Haití en 2010. Durante años, muchos de ellos establecieron sus vidas en territorio estadounidense, donde desarrollaron actividades laborales, familiares y sociales.
Sin embargo, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el TPS para los ciudadanos haitianos no recibió una nueva extensión, por lo que sus beneficiarios comenzaron a enfrentar procesos de retorno hacia su país de origen.
La situación genera especial atención en República Dominicana debido a la crisis política, económica y de seguridad que atraviesa Haití. Sectores dominicanos temen que una parte de los deportados pueda intentar ingresar de manera irregular al país vecino en busca de mejores condiciones de vida o utilizar el territorio dominicano como punto de tránsito hacia otros destinos.
Ante este escenario, se ha planteado la necesidad de reforzar la vigilancia y los controles en la frontera, con el objetivo de impedir el ingreso irregular de personas y responder ante un eventual aumento de los movimientos migratorios.
La preocupación también incluye la posibilidad de que República Dominicana enfrente presiones de organismos internacionales para recibir a ciudadanos haitianos afectados por las deportaciones desde Estados Unidos.
El Gobierno dominicano ha sostenido en distintos escenarios internacionales que la comunidad internacional debe asumir una mayor responsabilidad frente a la crisis que afecta a Haití y contribuir a la búsqueda de soluciones para sus problemas de seguridad, estabilidad y gobernabilidad.
Asimismo, permanece abierto el debate sobre las medidas que deberá adoptar República Dominicana ante un eventual incremento del flujo migratorio, entre ellas el fortalecimiento de los controles fronterizos y la continuidad de los procesos de deportación de extranjeros en situación irregular.
La cercanía geográfica entre ambos países constituye otro factor de preocupación. Sectores dominicanos advierten que un mayor deterioro de las condiciones de vida y seguridad en Haití podría provocar nuevos desplazamientos de población hacia República Dominicana.
Mientras Estados Unidos avanza con los procesos de retorno, las autoridades dominicanas mantienen la atención sobre la evolución de la situación y sus posibles repercusiones en la frontera y el territorio nacional.
