El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el cierre de las mesas de diálogo que el anterior Gobierno de Gustavo Petro había establecido con tres organizaciones armadas ilegales, al considerar que no existen condiciones que demuestren una intención genuina de abandonar la violencia.
Durante una alocución, el mandatario afirmó que decidió terminar las conversaciones debido a la ausencia de compromisos concretos para avanzar hacia la desmovilización, la reincorporación a la vida civil y un eventual sometimiento a la justicia.
La decisión involucra al Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), la Coordinadora Nacional Ejército Boliviariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). El pasado viernes, el Gobierno retiró a sus representantes de estos procesos y dejó sin efecto el reconocimiento de los delegados de las organizaciones armadas.
De la Espriella cuestionó duramente la política de ‘paz total’ impulsada durante la administración Petro y sostuvo que las negociaciones terminaron favoreciendo a estructuras vinculadas con actividades criminales.
El jefe de Estado advirtió que quienes continúen vinculados a las armas y al delito deberán enfrentar la respuesta de las instituciones. Según afirmó, su estrategia de seguridad estará basada en la aplicación de las leyes y en el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado.
Disculpas por ceremonia de posesión
En la misma intervención, De la Espriella ofreció disculpas por los elementos religiosos incluidos en su ceremonia de posesión presidencial, celebrada el pasado 7 de agosto en Cali.
El pronunciamiento se produjo después de que un juez ordenara al mandatario presentar excusas públicas por considerar que durante el acto oficial se vulneró el principio de neutralidad religiosa del Estado.
De la Espriella aseguró que, aunque profesa la fe católica, respeta la separación entre la Iglesia y el Estado y se comprometió a garantizar la libertad religiosa y el derecho de los ciudadanos a practicar cualquier credo o a no profesar ninguno.
La ceremonia de investidura incluyó intervenciones del rabino David Michaan, el pastor Eduardo Cañas Estrada y el monseñor Francisco Múnera, además de otros elementos de carácter religioso. El acto generó cuestionamientos debido a que Colombia es constitucionalmente un Estado laico.
