La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal aplazó para el jueves 10 de septiembre la audiencia para conocer la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público contra dos hombres imputados de maltrato físico y psicológico, así como de trabajo forzado en perjuicio de varios niños rescatados de una fundación que operaba en Bajos de Haina.
Solicitud del Ministerio Público
La fiscal Fanny M. Garabitos Guerrero, coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales (Uavgids), explicó que el Ministerio Público pedirá la imposición de tres meses de prisión preventiva, en atención a lo establecido por la ley en estos casos.
“La audiencia en contra de Ángel Capellán e Isaías Muñoz fue suspendida para el 10 de septiembre a los fines de conocer el anticipo de pruebas de los menores de edad que fueron rescatados en la fundación, al igual que la defensa solicitó más tiempo para presentar presupuestos”, indicó Garabitos Guerrero.
Calificación jurídica
El proceso incluye la calificación de trata de personas con fines de explotación laboral, además de los delitos de maltrato físico y psicológico. Las víctimas serán representadas por abogados del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic).
Operativo de rescate
Los imputados, Ángel Gabriel Capellán, conocido como “el Pastor”, y Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, fueron sometidos a la justicia tras un operativo realizado la noche del 29 al 30 de agosto de 2026. En la intervención, el Ministerio Público y organismos de protección rescataron 13 niños, niñas y adolescentes, con edades entre cuatro meses y 13 años, quienes presentaban signos evidentes de maltrato físico y psicológico.
El centro intervenido operaba bajo la fachada de la Fundación Restaurando Vida “Un Muerto que Revive”, en el municipio Bajos de Haina, y funcionaba como espacio religioso dentro de una finca.
Coordinación interinstitucional
El operativo fue ejecutado por la Fiscalía de San Cristóbal y la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), con apoyo del Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional, la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia y el Conani.
La investigación se inició tras la fuga de uno de los menores, quien acudió a un destacamento policial y denunció las condiciones de maltrato en que se encontraban los niños.
Próximos pasos
La audiencia fue aplazada por el juez José Carlos Arias, quien aceptó la solicitud de la defensa de los imputados y la necesidad de incorporar el anticipo de pruebas de los menores. El Ministerio Público estará representado en la próxima audiencia por las fiscales Yoanna Bejarán, titular de la PETT; Ramona Santana, titular de San Cristóbal; y Fanny M. Garabitos Guerrero, junto a los fiscales Rodolfo Reyes y Ana Mercedes Pichardo.
