Un tribunal de Santo Domingo Este impuso este viernes tres meses de prisión preventiva al cabo de la Policía Nacional Edwin de los Santos Guerrero, imputado por la muerte de una adolescente de 14 años, ocurrida el pasado 6 de septiembre en el sector Mendoza, con quien presuntamente mantenía una relación sentimental.
La medida fue dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, tras acoger la solicitud del Ministerio Público y valorar las evidencias presentadas durante la audiencia, según un comunicado oficial.
Hechos del caso
De acuerdo con el testimonio de Juan Francisco Núñez Canelo, tío de la adolescente, el agente habría enviado a buscar a Wilmery en un motoconcho para que acudiera hasta la vivienda. Una vez en el lugar, la menor recibió un disparo en la cabeza.
Según la investigación, a cargo de la fiscal Dahiana E. Castillo Antigua, la adolescente murió mientras se encontraba en la vivienda del imputado, cuyos padres alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido.
El acta de levantamiento de cadáver establece que la víctima falleció a causa de una herida de proyectil de arma de fuego con entrada en el arco ciliar derecho y salida en la región temporal derecha.
Elementos probatorios
Durante la audiencia, el fiscal litigante Florentino Sánchez Zabala presentó los elementos probatorios que, según el Ministerio Público, vinculan al cabo con los hechos.
El caso fue calificado provisionalmente como una violación de los artículos 46, 91 y 92 del Código Penal Dominicano (Ley 74-25), así como del artículo 396, literales b y c, del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
Decisión judicial
La jueza Karen Casado Minyety dispuso que el imputado cumpla la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís, mientras avanzan las investigaciones y se prepara la acusación formal.
Contexto
El caso ha generado conmoción en la comunidad de Mendoza y reabre el debate sobre la responsabilidad de los agentes policiales en hechos de violencia, especialmente cuando involucran a menores de edad. El Ministerio Público reiteró su compromiso de llevar el proceso hasta las últimas consecuencias y garantizar justicia para la víctima y sus familiares.
