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El Senado de la República Dominicana está discutiendo un nuevo Proyecto de Ley que modifica la Ley 285-04 de Migración, el cual busca imponer sanciones más duras a los migrantes que sean repatriados y luego intenten reingresar al país de manera ilegal.
Esta iniciativa, presentada por el senador Carlos Gómez de Espaillat en 2022, propone multas que van de dos a cinco salarios mínimos del sector público, además de penas de prisión que podrían oscilar entre 15 y 30 días. La ley también contempla sanciones similares para quienes ingresen al país de forma ilegal por primera vez. Sin embargo, las consecuencias se endurecen considerablemente para los reincidentes, con multas que podrían aumentar a entre diez y veinte salarios mínimos y penas de hasta 90 días de cárcel.
En el caso de un tercer intento de ingreso ilegal, las sanciones se mantienen para aquellos sin antecedentes penales, pero quienes tengan un historial delictivo podrían enfrentar multas de 20 a 50 salarios mínimos o incluso penas de prisión de tres a cinco años. Además, el proyecto prevé fuertes castigos para los trabajadores extranjeros en situación irregular, quienes podrían ser sancionados con multas de entre 50 y 100 salarios mínimos, o con penas de cinco a diez años de cárcel.
Otro aspecto importante de esta propuesta es la eliminación del rol del presidente de las comisiones de Interior y Policía del Senado y la Cámara de Diputados en el Consejo Nacional de Migración, un cambio que ha generado diversas reacciones entre los legisladores.
Este proyecto representa un movimiento hacia un control más riguroso de la inmigración en el país, especialmente en lo que respecta a los repatriados, y se espera que su discusión continúe en las próximas sesiones del Senado.
