Por: Awilma Nuñez – La discusión provocada por el Decreto 693-24, mediante el cual el Gobierno dominicano estableció aranceles a las importaciones de arroz, vuelve a poner sobre la mesa un tema que durante años ha sido planteado por los productores nacionales: la necesidad de proteger la producción arrocera frente a la competencia de Estados Unidos.
Estados Unidos ha solicitado al presidente Luis Abinader dejar sin efecto el Decreto 693-24, al considerar que la medida afecta los compromisos de acceso al mercado dominicano para el arroz estadounidense establecidos en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
El decreto, promulgado el 17 de diciembre de 2024, establece un arancel de 20 % para las importaciones de arroz dentro de la cuota autorizada, mientras que una vez agotado el contingente las importaciones adicionales quedan sujetas a un gravamen de 99 % sobre el valor del producto.
El Gobierno dominicano ha defendido la medida bajo el argumento de proteger la producción nacional y garantizar el abastecimiento de un alimento considerado estratégico para la seguridad alimentaria del país.
Pero el problema de fondo es que el DR-CAFTA no es un acuerdo reciente. Fue firmado en 2004 y entró en vigor para República Dominicana en 2007. Desde entonces, el sector arrocero ha contado con un período considerable para prepararse ante las nuevas condiciones de competencia.
Durante esos años, uno de los principales argumentos planteados por los productores ha sido la necesidad de protegerlos porque detrás de cada productor existe una familia, trabajadores y comunidades que dependen de la actividad arrocera.
El argumento de que los productores son padres de familia y necesitan preservar su fuente de ingresos es comprensible. Pero ese planteamiento no debió quedarse solamente en la solicitud de protección.
Debió estar acompañado de una propuesta concreta de transformación.
Cuando se produjeron encuentros y conversaciones con delegaciones de Estados Unidos, el sector arrocero dominicano debió llegar a la mesa no solamente con argumentos para mantener protegido el mercado nacional, sino también con un plan de tecnificación, innovación y modernización de la producción.
Un plan que permitiera determinar cómo aumentar la productividad, reducir los costos, mejorar los sistemas de riego, incorporar nuevas tecnologías, mecanizar los procesos y desarrollar mejores métodos de producción.
Durante todos estos años, además de reclamar protección para el sector arrocero, debió existir una propuesta concreta de tecnificación e innovación que permitiera a los productores dominicanos mejorar su productividad y competir en mejores condiciones con los productores de arroz de Estados Unidos.
La protección puede ser una herramienta, pero no puede sustituir indefinidamente la productividad.
El productor dominicano necesita apoyo, pero también necesita producir con mayor eficiencia. Necesita defender su mercado, pero también necesita contar con las condiciones necesarias para competir.
Y esta discusión adquiere una dimensión todavía mayor en el escenario comercial actual.
Estados Unidos ha establecido un arancel de 12.5 % para determinados productos procedentes de República Dominicana, con excepciones establecidas por la propia medida. Esto representa un nuevo desafío para los sectores dominicanos que exportan hacia el mercado estadounidense y demuestra que la competitividad de la producción nacional no puede depender únicamente de las condiciones preferenciales de acceso.
Si República Dominicana quiere defender sus productores, también tiene que prepararlos para competir.
El país necesita una agricultura capaz de responder a las nuevas exigencias del comercio internacional. En el caso del arroz, eso significa avanzar hacia una producción más tecnificada, con mayor incorporación de tecnología, innovación, mecanización, investigación y eficiencia.
No se trata de abandonar al productor ni de desconocer la importancia de la producción nacional. Todo lo contrario. Precisamente porque el arroz es un producto estratégico para el país, la discusión debe ser mucho más profunda.
El productor dominicano no puede permanecer indefinidamente dependiendo de la protección como principal mecanismo de defensa.
La protección debió servir también para ganar tiempo y utilizarlo en la transformación del sector.
Y ese proceso no puede continuar aplazándose.
El campo dominicano no puede esperar más para incorporar tecnología e innovación. No puede esperar a que las condiciones comerciales sean perfectas para comenzar a modernizarse.
La tecnificación y la incorporación de innovación tecnológica para eficientizar la producción no pueden seguir siendo una promesa pendiente. Tienen que convertirse en una realidad.
Porque el verdadero reto no es solamente proteger el arroz dominicano de la competencia extranjera.
El verdadero reto es lograr que el arroz dominicano sea producido con tanta eficiencia, tecnología e innovación que nuestros agricultores tengan mejores herramientas para competir.
El campo dominicano no puede seguir esperando. La modernización de la producción agrícola es una necesidad del presente, no una tarea para el futuro.
