La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, advirtió la noche de este sábado que la investigación por el presunto fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa) podría ampliarse a otras personas o entidades, al señalar que el Ministerio Público “apenas está comenzando” esta nueva etapa del proceso.
El expediente, de 525 páginas, fue depositado a las 11:55 de la noche ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, solicitando prisión preventiva contra 25 imputados y que el caso sea declarado complejo.
Alcance de la investigación
Ortiz explicó que entre los sometidos figuran médicos, empleados de Senasa y personas vinculadas al sector salud, acusados de asociarse para ejecutar maniobras fraudulentas contra la aseguradora estatal.
“Hemos presentado medidas de coerción contra 25 personas… porque el dinero del Seguro Nacional de Salud son fondos públicos, es dinero del pueblo”, afirmó.
La procuradora indicó que esta constituye la tercera operación derivada de las distintas líneas de investigación abiertas en el proceso Cobra, que revelan diversas formas de defalco al Senasa.
Irregularidades detectadas
Según el Ministerio Público, la mayoría de los nuevos imputados habría facturado y cobrado procedimientos médicos no realizados, lo que no solo drenaba fondos de la institución, sino que también reducía la cobertura disponible para los afiliados cuyos datos eran utilizados.
Ortiz subrayó que el impacto trascendía lo económico: “No solamente se trata de la estafa al Senasa, sino también de cómo esto afectó de manera directa la salud de más de 7 millones de dominicanos”, puntualizó.
Entre las irregularidades figuran doble facturación, cobros por consultas y medicamentos no suministrados, uso de sellos médicos falsos y adulteración de estados financieros. Se han identificado incluso casos de afiliados masculinos con registros de consultas ginecológicas que nunca recibieron.
Operativos y arrestos
Los arrestos se produjeron durante 37 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, con la participación de 45 fiscales y unos 200 agentes de la Policía Nacional.
Durante los operativos fueron ocupados dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego y otros bienes.
El depósito del expediente se realizó tras dos jornadas de interrogatorios a los detenidos, que permanecieron en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Con la presentación de la solicitud, corresponde ahora al tribunal fijar la fecha y hora de la audiencia para conocer la medida de coerción.
Fuente: Diario Libre
