El expediente del Ministerio Público sostiene que el caso SeNaSa 2.0 (Cobra 2.0) corresponde a una estructura criminal organizada con división de funciones. Según la acusación, empleados del Seguro Nacional de Salud obtenían datos de afiliados, gestionaban autorizaciones médicas, elaboraban reclamaciones por servicios que nunca se prestaban y posteriormente realizaban los cobros.
El documento detalla que los médicos participantes recibían pagos por procedimientos inexistentes y luego entregaban entre un 40 % y un 60 % de lo cobrado al grupo encabezado por Ángel Luis Guzmán Vásquez, considerado el principal articulador del esquema.
Roles de los imputados
El Ministerio Público describe el papel de cada uno de los 25 imputados en la operación:
- Angeury Guzmán Vásquez: Participaba en llamadas al centro de atención de SeNaSa para obtener autorizaciones con datos reales de afiliados, utilizando nombres ficticios.
- Heidy Coronado Paulino: Empleada del Departamento de Autorizaciones Médicas, con acceso a información confidencial de afiliados.
- Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova: Otro empleado de SeNaSa con acceso a datos, vinculado además a movimientos financieros.
- Lucreisy Polanco Núñez: Señalada como responsable de manejar fondos y realizar transferencias entre cuentas del grupo.
- Einstein Rafael Borromé Valdez: Participaba en la presentación y cobro de reclamaciones médicas falsas.
- Juan Henry Poueriet: Vinculado a reclamaciones médicas y transferencias hacia Guzmán.
- Hanna Rashell Rodríguez Almánzar: Gestionaba reclamaciones y movimientos de dinero, incluso desde cuentas de médicos fallecidos.
- Luz Esther Reyes Durán: Realizó seis transferencias por RD$663,848 hacia Guzmán.
- Edwin Alberto Batista Cruz: Asociado a reclamaciones duplicadas y documentación médica cuestionada.
- José Luís Díaz Hernández: Relacionado con reclamaciones y transferencias hacia Guzmán.
- Carlos Job Ynoa Olivero y Guillermo Enrique Dicló Garabito: Médicos señalados como parte del esquema de reclamaciones falsas.
- Griselda Altagracia Basora Ramírez: Vinculada a formularios irregulares y movimientos financieros.
- Juan Gabriel Rodríguez Ravelo: Realizó ocho transferencias por RD$436,000 hacia Guzmán.
- Martha María Saldaña Saldaña: Transferencias por RD$1,173,076 a Lucreisy Polanco.
- Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez: Formularios incompletos y firmas cuestionadas.
- Engels Federico Díaz Mendoza: Transferencia de RD$43,065 hacia Guzmán.
- Keila Beatriz Acosta Leonardo: Transferencia de RD$27,385 vinculada a la distribución de fondos.
- Rafael Mauricio Cabral González: Médico vinculado a reclamaciones y autorizaciones falsas.
- Laura Altagracia Santana Evangelista: Formularios con patrones similares en firmas y procedimientos.
- Víctor Felipe Rodríguez García: Permitía el uso de su código, firma y sello en formularios previamente completados.
- Wander Manuel Díaz Encarnación: Reclamaciones y formularios con irregularidades.
- Yocaira Antonia Méndez Beltré: Vinculada a reclamaciones médicas cuestionadas.
- Marcelino Eusebio Figuereo: Autorizaciones con nombres ficticios como “Ángel Beltré”.
- Ray Ernesto Mercedes Lugo: Reclamaciones médicas que afiliados no reconocieron.
El mecanismo del fraude
Según el numeral 28 del expediente, los imputados seleccionaban perfiles de afiliados con bajo historial de interacción institucional. Con esos datos solicitaban autorizaciones, elaboraban facturación con documentación falsa y finalmente los fondos eran desembolsados a los médicos por servicios que los afiliados nunca recibieron.
El numeral 36 establece que, una vez SeNaSa pagaba a los médicos, estos entregaban entre 40 % y 60 % de lo cobrado a integrantes del entramado, mediante efectivo o transferencias.
Impacto económico y social
El Ministerio Público estima que el fraude ocasionó pérdidas superiores a RD$15,000 millones al sistema de salud público. Además, miles de afiliados fueron afectados al descubrir que sus datos habían sido utilizados para facturar procedimientos inexistentes.
El caso ha generado gran preocupación en la sociedad dominicana, pues involucra a profesionales de la salud y empleados administrativos en un esquema que vulneró la confianza en el sistema público de salud.
Próximos pasos judiciales
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional deberá fijar la fecha de audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra los imputados. El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para los principales cabecillas y otras medidas restrictivas para los implicados de menor jerarquía.
La defensa, por su parte, ha adelantado que pedirá acceso completo al expediente y cuestionará la amplitud de las acusaciones.
Fuente: Ministerio Público
