La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó para este lunes a las 2:00 de la tarde la audiencia de medida de coerción contra los 25 imputados del caso SeNaSa 2.0 (Operación Cobra 2.0-A). El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo, debido a la magnitud del fraude y el número de personas involucradas.
El documento de solicitud fue depositado a las 11:55 de la noche del sábado, tras dos jornadas de interrogatorios a los detenidos. La fiscalía anticorrupción sostiene que la estructura desmantelada operaba con división de funciones, involucrando a médicos, prestadores de servicios de salud y empleados administrativos.
Operativo nacional
Los arrestos se produjeron durante un amplio operativo que incluyó 37 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. En la acción participaron 45 fiscales y unos 200 agentes policiales, quienes incautaron documentos, equipos electrónicos y registros médicos vinculados al esquema de fraude.
El Ministerio Público asegura que este despliegue es uno de los más grandes realizados en el país contra estructuras de corrupción vinculadas al sector salud.
Más de 4,300 autorizaciones bajo investigación
De acuerdo con los elementos de investigación, la red habría utilizado datos de afiliados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para tramitar autorizaciones y facturar servicios médicos que nunca se realizaron.
La pesquisa identificó 4,363 autorizaciones correspondientes a cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas, por un monto de RD$41,125,551.02, entre enero de 2021 y febrero de 2025.
El Ministerio Público sostiene que, una vez efectuados los pagos, algunos médicos entregaban entre 40 % y 60 % de lo cobrado a integrantes de la estructura, mediante efectivo o transferencias bancarias.
Testimonios de afiliados
Las investigaciones revelan que los datos de afiliados fueron utilizados para registrar diagnósticos y procedimientos inexistentes. En algunos casos, los pacientes contactados por los investigadores negaron conocer a los médicos que aparecían en sus expedientes y aseguraron que nunca recibieron los servicios registrados a sus nombres.
Incluso se detectaron casos de hombres con consultas ginecológicas facturadas, lo que evidencia la magnitud del fraude y la manipulación de los sistemas de registro.
Defensa apuesta por la libertad
Mientras el Ministerio Público solicita prisión preventiva, algunos abogados defensores preparan sus argumentos para la audiencia. El jurista Manuel Mateo Calderón, representante de dos médicos imputados, afirmó que sus clientes pueden enfrentar el proceso en libertad porque no representan peligro de fuga ni de obstaculización de la investigación.
Calderón señaló que sus representados conocían desde hacía aproximadamente un año que eran objeto de investigación y que, pese a ello, permanecieron en el país. “Incluso ellos sabían del proceso de investigación y estaban dispuestos a presentarse las veces que el Ministerio Público pudiera requerir”, expresó.
El abogado agregó que ambos médicos fueron arrestados en el Distrito Nacional, uno en su residencia y otro se entregó voluntariamente. “La mayoría de las personas investigadas son profesionales de la salud, esto indica que son personas que no representan ningún peligro de fuga, pero además son personas que no van a obstaculizar el normal desarrollo de la investigación”, enfatizó.
Los 25 imputados
Entre los sometidos figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
También aparecen los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
La lista incluye además a Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista y Víctor Felipe Rodríguez García, así como Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Expectativas
La audiencia de este lunes será clave para definir el rumbo del proceso. El Ministerio Público insiste en que la prisión preventiva es necesaria para garantizar que los imputados no obstruyan la investigación ni se sustraigan del proceso judicial.
La defensa, en cambio, apuesta por medidas menos gravosas, argumentando que los acusados son profesionales de la salud sin antecedentes de fuga y que la investigación puede continuar con ellos en libertad.
