El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fijó para el próximo 13 de octubre el inicio del juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario Jochi Gómez, junto a otros ocho imputados, acusados de presuntamente estafar al Estado y sabotear la red semafórica en agosto de 2024.
Calendario del proceso
La decisión establece que las audiencias se celebrarán los martes y viernes, luego de que este martes se recesara la vista por la presentación de una licencia médica del imputado Manuel Eduardo Mora Vásquez, sometido a una cirugía en los párpados.
Mora Vásquez está acusado de actuar como testaferro en representación de la empresa PagoRD Xchange, también señalada en el expediente.
Antecedentes de aplazamientos
Es la segunda vez consecutiva que se aplaza la audiencia. El pasado 3 de septiembre, la vista fue suspendida por una intimación a la Oficina de la Defensa Pública, que se negó a representar a compañías en procesos penales.
Los acusados
Además de Beras, Gómez y Mora Vásquez, están imputados:
- Pedro Vinicio Padovani, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.
- Samuel Gregorio Baquero, exdirector de Tecnología.
- Frank Rafael Atilano Díaz, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras.
- Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo del Intrant.
- Carlos José Peguero Vargas.
- Mariano Gustini.
- Henry Darío Feliz Casso.
Igualmente, fueron enviados a juicio de fondo las empresas Transcore Latam, Aurix S.A., Inprosol SRL, OML Inversiones SRL, Industria Soltex Dominicana SRL y Dekolor SRL.
Acusaciones del Ministerio Público
Según la acusación, los actos de sabotaje contra los semáforos en agosto de 2024 tuvieron su origen en la suspensión del contrato irregular con la compañía Transcore Latam, propiedad de Jochi Gómez.
El acuerdo, valorado en más de RD$1,300 millones, fue firmado para la modernización de la red semafórica del Distrito Nacional. Sin embargo, al ser suspendido por la Dirección General de Contrataciones Públicas, Gómez habría provocado apagones en los dispositivos de control de tráfico como represalia.
Posibles sanciones
El Ministerio Público ha señalado que los imputados enfrentan cargos de estafa, asociación de malhechores, sabotaje y corrupción administrativa, con penas que podrían alcanzar hasta 20 años de prisión, dependiendo de la calificación final que determine el tribunal.
Contexto del caso
El expediente Intrant se ha convertido en uno de los procesos más emblemáticos de presunta corrupción administrativa en el país, por el monto de la estafa atribuida y el impacto directo en la movilidad urbana del Distrito Nacional.
La apertura del juicio de fondo marcará una nueva etapa en el proceso, donde se ventilarán las pruebas presentadas por el Ministerio Público y las defensas de los imputados.
