El Ministerio Público otorgó una calificación jurídica provisional a los hechos investigados por la muerte de Zeneida Socorro Castillo y el ataque contra su esposo, el merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo (Julián Oro Duro), atribuyendo a los cuatro imputados una serie de infracciones contempladas en el Código Penal Dominicano y en la Ley 631-16 sobre Armas.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, en perjuicio de Zeneida Socorro Castillo, quien falleció durante el hecho, el órgano acusador atribuye provisionalmente a los imputados autoría del hecho punible, concurso de infracciones, asociación de malhechores, homicidio voluntario agravado, tortura o actos de barbarie y robo agravado. Estas infracciones están sustentadas en los artículos 4, 46, 73, 91, 92 (numerales 1 y 3), 224, 225 (numerales 1 y 6) y 226 (numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 11) del Código Penal, además de los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16.
Tentativa de asesinato contra Oro Duro
En cuanto a Gilberto Julián Sarante Perdomo, el Ministerio Público establece una calificación jurídica provisional que incluye autoría del hecho punible, concurso de infracciones, asociación de malhechores, tentativa de asesinato y robo agravado. Para esta segunda víctima, la Fiscalía cita los artículos 4, 46, 73, 14, 91, 92 (numerales 1 y 3), 117, 224, 225 (numerales 1 y 6) y 226 (numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 11) del Código Penal, además de los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16.
Imputados y solicitud de coerción
La calificación presentada por el Ministerio Público es provisional y forma parte de la solicitud de medida de coerción depositada contra Kevin Dariel Germán Troncoso, Lawrence Mark Liranzo Marcos (alias Chiquito), Phillips Michael Tejeda Vásquez (alias Michael Tejeda) y Juan Carlos Hernández García (alias Juan Carlos Peña).
El expediente plantea dos vertientes jurídicas diferenciadas:
- Homicidio voluntario agravado en perjuicio de Zeneida Socorro Castillo.
- Tentativa de asesinato en perjuicio de Julián Oro Duro.
A estas se suman las imputaciones comunes de asociación de malhechores, concurso de infracciones y robo agravado, lo que refuerza la solicitud de que el caso sea declarado complejo y que se impongan 18 meses de prisión preventiva a los acusados.
El Ministerio Público sostiene que la gravedad de los hechos, la pluralidad de imputados y las evidencias levantadas justifican la imposición de medidas cautelares estrictas, mientras avanza la investigación sobre un caso que ha generado gran conmoción en la opinión pública.
