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La Dirección de Estadísticas de la Procuraduría General ha revelado un informe preliminar que destaca un alarmante incremento en los casos de violencia de género, intrafamiliar y seducción a menores de edad en la República Dominicana. El estudio detalla episodios de filicidio y abuso, incluyendo incestos y situaciones donde menores están implicados, planteando preocupaciones serias sobre la magnitud del problema y la protección de las víctimas más jóvenes.
Según el último informe publicado en el portal de la Procuraduría, durante el año 2023 se documentaron 65 feminicidios en el país. A pesar de que en muchos de estos casos se tomaron medidas de protección y órdenes de alejamiento para salvaguardar a las mujeres víctimas de la violencia de género, estas acciones no impidieron los trágicos desenlaces. En el primer semestre de 2024, se reportaron 28 nuevos feminicidios, evidenciando una alarmante continuidad en la violencia contra las mujeres. Las autoridades se enfrentan al desafío de implementar estrategias más efectivas para prevenir estos casos y proteger a las víctimas.
El estudio señala que una proporción significativa de estos casos involucra la seducción de menores por adultos, lo que no solo expone a los jóvenes a serias enfermedades, sino que también plantea graves problemas legales y éticos
Un aspecto crucial que emerge del informe es la falta de datos específicos sobre el número de niños involucrados en estos incidentes. Aunque se han documentado numerosos casos de violencia, la ausencia de información detallada sobre la victimización infantil deja un vacío en la comprensión completa del problema. Pero la gran pregunta es, ¿Cuánto niños hay en esos casos de violencia? Sin embargo, la Procuraduría también se enfrenta a la difícil cuestión de definir y abordar situaciones, en casos donde adolescentes están implicados en actos de abuso hacia niños menores.
Según el artículo 355 del Código Penal Dominicano, la seducción de menores es un delito castigado con penas que van de uno a cinco años de prisión y multas que oscilan entre quinientos y cinco mil pesos. Este artículo establece que cualquier adulto que se lleve a una joven menor de dieciocho años fuera del hogar familiar o de la custodia de sus tutores por medios no autorizados por la ley incurrirá en estas sanciones.
Es alarmante esta cifra de violencia intrafamiliar es mala en todos los ámbitos que se la quiera, porque están afectando la salud física y el estado emocional de los menores, generando desafíos adicionales para el sistema judicial en la protección de los derechos de los jóvenes. La comunidad y las autoridades deben unirse para enfrentar este problema y garantizar un entorno seguro y legalmente protegido para todos los menores.
