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El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha solicitado la implementación de medidas cautelares privativas de libertad dirigidas a destacados miembros del gobierno argentino. En un comunicado emitido por la Sala de Casación Penal, se detalló que la investigación abarca al presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Elizabeth Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La solicitud, realizada por la fiscalía venezolana, incluye graves acusaciones como robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad e interferencia ilícita en la seguridad de la aviación civil, entre otros delitos.
Este conflicto se centra en un avión de la aerolínea venezolana Emtrasur Cargo, que quedó retenido en Argentina en junio de 2022, llevando a bordo a 19 tripulantes venezolanos e iraníes, inicialmente arrestados por supuestos lazos con actividades terroristas. Además, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado la aeronave por sospechas de que estaba involucrada en operaciones clandestinas en la región.
El gobierno argentino ha subrayado su desvinculación del caso del avión de Emtrasur, enfatizando que la situación fue decidida por un poder judicial “independiente”. Buenos Aires también ha recordado a Caracas la importancia de la separación de poderes y la autonomía judicial, en contraposición a lo que, según ellos, ocurre en Venezuela.
Por su parte, el Ministerio Público venezolano ha nombrado a dos fiscales especializados para investigar el asunto, quienes están llevando a cabo las diligencias pertinentes.
