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En un giro alarmante de los acontecimientos, siete personas vinculadas al Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intrant) y a la empresa Transcore Latam están bajo investigación por múltiples cargos que incluyen corrupción, conspiración, sabotaje y robo de identidad.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), liderada por Wilson Camacho, ha señalado a figuras prominentes como Hugo Beras, exdirector del Intrant, y Jochy Gómez, alto ejecutivo de Transcore Latam.
La acusación se extiende a otros cinco individuos: Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Pedro Vinicio Padovani Báez y Carlos José Peguero Vargas. Todos ellos son investigados por su presunta participación en una red de asociación delictiva, desfalco y lavado de activos.
La jueza Fátima Scarett Veloz Suárez ha recibido una solicitud de arresto en relación con este caso, que pone de manifiesto la gravedad de los hechos denunciados.
De acuerdo con el Artículo 146 de la Constitución, que condena toda forma de corrupción dentro de los organismos estatales, los acusados podrían enfrentar severas sanciones si se confirma su culpabilidad en la sustracción de fondos públicos o en la obtención de beneficios económicos a través de sus cargos. Este escándalo pone en entredicho la integridad de las instituciones y resalta la necesidad de una respuesta firme contra la corrupción en el país.
