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La empresa Transcore Latam, actualmente bajo la lupa del Ministerio Público por supuestos actos de corrupción en la gestión de la red semafórica del Gran Santo Domingo, enfrenta serias acusaciones tras la revelación de inconsistencias en su documentación financiera. Así lo detalla una orden de arresto emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Según los informes, se hallaron facturas sin la certificación necesaria del cliente, y las firmas en dichos documentos no coincidían con las de los representantes legales de la empresa emisora. Los estados financieros auditados también presentan fallas significativas, como la omisión de activos cruciales y la falta de la firma de un contador público autorizado.
Además, se han descubierto contradicciones en la documentación relacionada con la línea de crédito que se le otorgó a Transcore Latam, lo que sugiere irregularidades en su manejo financiero. La investigación menciona que, tras la adjudicación del contrato, Hugo Beras, entonces titular del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), y su jefe de gabinete, Frank Atilano Díaz Warden, fueron alertados sobre una denuncia presentada por Ricardi Echandi y la empresa Sistemas Integrados de Control S.A. Esta denuncia instaba a no proceder con la firma del contrato en cuestión.
A pesar de las advertencias, tanto Beras como Díaz Warden firmaron el contrato el 19 de junio de 2023, ignorando las recomendaciones del consultor jurídico del INTRANT, Filias Bencosme, quien se negó a redactarlo. El acuerdo, que tiene una duración de cinco años, incluye pagos en cuatro partidas y, según se ha comprobado, contiene cláusulas que benefician a Transcore Latam, tales como pagos adicionales por el uso del Software ClaudiA, que no estaban contemplados en el pliego de condiciones inicial.
