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El presidente Luis Abinader ha concluido el plazo otorgado a sus funcionarios para que presenten sus declaraciones juradas de bienes, lo que significa que se aplicarán sanciones a quienes no cumplan con esta exigencia. Aunque no se ha confirmado cuántos funcionarios están aún rezagados, se espera que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana realice las actualizaciones pertinentes. El Gabinete de Ética del Gobierno también llevará a cabo un seguimiento a esta situación.
“Daremos un periodo de quince días para que aquellos que no han cumplido presenten su declaración de patrimonio. De no hacerlo, serán suspendidos; y si, después de otros quince días, persiste el incumplimiento, serán cancelados”, declaró el mandatario, enfatizando la importancia de la transparencia en la administración pública.
La Ley No. 311-14 establece un plazo de 30 días para que los nuevos funcionarios presenten un inventario notariado de sus bienes y deudas. Sin embargo, muchos servidores públicos, incluidos senadores, diputados, alcaldes y regidores, aún no han cumplido con esta obligación.
Con esta medida, Abinader busca forzar a los funcionarios a que informen sobre su patrimonio, aplicando sanciones que van desde la suspensión hasta la cancelación de sus cargos. La presión sobre los incumplidores refleja un compromiso renovado con la transparencia en la gestión pública.
