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SANTO DOMINGO.- La creciente presión de la sociedad dominicana ha llevado al presidente Luis Abinader a retroceder en diversas iniciativas legislativas durante su mandato. En un movimiento reciente, el mandatario ordenó el retiro del controversial proyecto de reforma fiscal del Congreso Nacional, el cual buscaba mejorar la situación económica del país a través de la eliminación de exenciones fiscales y el incremento de impuestos sobre productos y servicios, incluyendo alimentos esenciales. Este plan fue objeto de un fuerte rechazo popular, lo que llevó a múltiples manifestaciones en las calles.
Este no es un caso aislado; a finales de 2021, Abinader también retiró una propuesta de reforma fiscal tras un rechazo similar de la ciudadanía. El 27 de octubre de ese año, el presidente afirmó que su gobierno priorizaría el crecimiento y la inversión para beneficiar a la población dominicana.
En otro ámbito, el 12 de diciembre de 2022, se presentó un proyecto de ley sobre la trata de personas, que buscaba facilitar la regularización de las víctimas. Sin embargo, este proyecto generó controversia, incluso con autoridades de Estados Unidos, y fue retirado en febrero de 2023 para alcanzar un consenso social. El vocero presidencial, Homero Figueroa, destacó que el gobierno no aceptaría medidas que pudieran convertirlo en receptor de migrantes haitianos debido a la inestabilidad política en Haití.
Además, ante las crecientes quejas por los altos costos de la electricidad, en julio de 2022, Abinader suspendió los aumentos trimestrales en las tarifas eléctricas, tras una reunión con el Consejo Económico y Social.
El gobierno también revocó, en el mismo mes, una resolución del Ministerio de Administración Pública que limitaba el ingreso de nuevo personal en la administración pública. Según el ministro Darío Castillo, se garantizaría el reclutamiento para cubrir vacantes necesarias.
Por otra parte, un proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, que proponía penas de prisión para quienes realizaran publicaciones discriminatorias, fue retirado debido a críticas sobre su posible impacto en la libertad de expresión.
A inicios de 2022, una propuesta para crear un fideicomiso público para la gestión de la Central Termoeléctrica Punta Catalina fue pospuesta tras una ola de críticas, reafirmando que la central seguiría siendo de propiedad pública.
La Dirección General de Migración también suspendió en febrero de 2022 un plan piloto para otorgar carnets a comerciantes haitianos en mercados fronterizos, citando la inestabilidad en Haití como motivo.
Finalmente, aunque el presidente había propuesto recortar a la mitad los fondos para los partidos políticos en 2020, esta medida fue revertida en 2021. Asimismo, un proyecto de presupuesto presentado en octubre de 2020 que incluía nuevos impuestos fue retirado ante la oposición pública. La dinámica de retrocesos del gobierno de Abinader muestra una clara respuesta a la presión social y a las inquietudes de la población.
