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Santo Domingo.- El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó este lunes una sentencia condenatoria contra Elizabeth Silverio, imponiéndole una pena de siete años de prisión por falsificación de títulos y estafa. La acusada fue encontrada culpable de utilizar documentos falsos para impartir clases a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el Centro Knowledge Land (Kogland), donde también se le ordenó pagar una multa de 2 millones de pesos a cada una de las víctimas.
La sentencia fue emitida por las juezas Arlín Ventura Jiménez, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, quienes también dispusieron que Silverio cumpla su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.
En los momentos finales del juicio, Elizabeth Silverio defendió su inocencia, afirmando que no había falsificado ningún título y que había participado en múltiples cursos virtuales. Aseguró que el Ministerio Público no pudo probar que había manipulado documentos para obtener acreditaciones falsas. Sin embargo, los testimonios de los padres y madres de los niños atendidos por la condenada presentaron pruebas contundentes que demostraron el engaño.
Una de las madres afectadas denunció que Silverio utilizó el dinero pagado por los servicios para financiar una liposucción y una cirugía bariátrica, en lugar de ofrecer los resultados prometidos en la atención de su hijo. “El dinero que yo pagué buscando salud para mi hijo lo usó para su propia salud física”, expresó con indignación la madre, durante su intervención en el juicio.
El órgano acusador presentó pruebas de que Silverio actuó como profesional de la salud sin tener los estudios o acreditaciones correspondientes. Entre enero de 2021 y junio de 2023, la acusada ofreció servicios de atención psicoterapéutica, incluyendo consultas, evaluaciones, prescripción de medicamentos y elaboración de informes, todo ello respaldado por documentos falsificados. Utilizaba un exequátur falso, lo que le permitió presentarse como profesional en un área donde no tenía formación alguna, violando varias leyes y normativas sobre salud y educación.
El expediente presentado ante el tribunal detalló que la acusada incurrió en graves violaciones del Código Penal Dominicano, así como de leyes que protegen los derechos fundamentales de los niños y niñas, en especial aquellos con condiciones especiales como el TEA.
