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El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, reafirmó la política de «cero tolerancia» hacia el tráfico de inmigrantes haitianos, advirtiendo que todos los involucrados, sin importar su estatus, enfrentarán sanciones severas conforme a la ley. “No haremos distinciones; cualquier persona que cometa actos ilícitos será llevada ante la justicia”, enfatizó Fernández Onofre durante una ceremonia en la Catedral Primada de América.
El mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director de la Policía Nacional, también destacó la necesidad de que quienes participen en este tipo de actividades ilegales enfrenten las consecuencias de sus acciones. “Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”, afirmó, haciendo énfasis en la reciente salida de inmigrantes haitianos del país.
Este mes, las autoridades detuvieron a un supuesto miembro del ejército que transportaba a varios inmigrantes indocumentados haitianos en un vehículo cerca de la cuarta Brigada de Infantería en Mao, Valverde. Esta acción se alinea con los esfuerzos del gobierno para combatir el tráfico ilegal.
Además, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que endurece las sanciones para quienes estén involucrados en el tráfico de extranjeros. La legislación, que modifica la Ley 137-03, establece penas severas y tipifica claramente este delito. Se aclara que el consentimiento de la víctima no exime de responsabilidad a quienes incurran en estos delitos.
El artículo 7 de la nueva ley detalla que los casos se consideran agravados si resultan en la muerte de la víctima o si los perpetradores ocupan funciones gubernamentales. Las penas oscilan entre cinco años de prisión y multas significativas, y los delitos que involucren a menores o personas vulnerables pueden resultar en sentencias de hasta 30 años de reclusión.
