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«Hugo Beras, Jochy Gómez y Padovani luchan por su libertad en el caso ‘Camaleón'»

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Los implicados en el escandaloso caso conocido como «Camaleón», acusados de defraudar al Estado dominicano mediante un contrato millonario entre el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore Latam, han apelado la medida de coerción que les impuso la justicia.

Hugo Beras, exdirector del Intrant; Jochy Gómez, propietario de Transcore Latam; y Pedro Vinicio Padovani, exfuncionario de la entidad, se encuentran en prisión preventiva en la cárcel de Najayo desde el 10 de octubre, tras ser acusados de estafar al Estado por más de 1,300 millones de pesos.

Hoy, ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional, los abogados de los tres imputados buscan revertir la medida de coerción, argumentando que los acusados cuentan con suficiente arraigo social y económico para no representar un riesgo de fuga.

Según los defensores, Beras, Gómez y Padovani podrían enfrentar otras medidas menos severas, como el arresto domiciliario o la presentación periódica ante las autoridades, en lugar de seguir recluidos en prisión.

El contrato en cuestión, que tiene como objetivo la renovación del sistema semafórico del Gran Santo Domingo, ha generado gran controversia y preocupación debido a las presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación y ejecución de la obra.

Además de los tres principales acusados, otros implicados en el caso son Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exencargado de Tecnología del Intrant, quien actualmente cumple arresto domiciliario y tiene que presentarse periódicamente ante la justicia; y los imputados Frank Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas, quienes recibieron medidas menos severas como el pago de fianza, prohibición de salida del país y presentación periódica.

La Corte de Apelación decidirá hoy si los acusados obtienen la libertad solicitada o si permanecen en prisión mientras continúa el proceso judicial. Este caso sigue siendo uno de los más comentados en la opinión pública debido a la magnitud de la presunta estafa y el involucramiento de altos funcionarios del Intrant.

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