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El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica la Ley 1-24, marco legal que rige la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), originalmente promulgada el 15 de enero de 2024. La iniciativa tiene como objetivo actualizar y fortalecer el sistema de inteligencia estatal, adaptando los artículos de la ley a las nuevas necesidades de seguridad nacional.
El proyecto de modificación incluye cambios en más de cinco artículos de la normativa, entre ellos, el artículo 1, que define el objeto y ámbito de aplicación de la ley, estableciendo que la Dirección Nacional de Inteligencia será el órgano rector del sistema de inteligencia del Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 261 de la Constitución de la República.
La propuesta surge tras las inquietudes expresadas por la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), que en su momento alertó sobre ambigüedades en varios artículos de la ley, especialmente aquellos que podrían afectar la libertad de prensa y la privacidad. Artículos como el 9, 11 y 26 fueron señalados como los más problemáticos, ya que podrían comprometer el derecho de los periodistas a proteger sus fuentes y el secreto profesional.
En respuesta a estas preocupaciones, el gobierno propuso la creación de una comisión especial integrada por representantes de la SDD, juristas, el sector empresarial y la sociedad civil, con el objetivo de evaluar las críticas y elaborar un consenso sobre las modificaciones necesarias. Tras varias reuniones, la comisión presentó un informe en septiembre con las modificaciones acordadas.
Persio Maldonado, presidente de la SDD, destacó que los cambios propuestos buscan clarificar y corregir las ambigüedades de la ley, alineándola con los principios constitucionales y protegiendo expresamente las fuentes periodísticas. Un cambio significativo fue la inclusión de una disposición que exige la autorización judicial previa para cualquier intervención del DNI, medida que, aunque ya estaba implícita, se especifica de manera explícita en cada artículo relevante de la ley.
El informe final fue presentado al presidente Luis Abinader, quien lo remitió al Congreso Nacional para su posterior revisión y aprobación definitiva.
Con la aprobación en primera lectura en el Senado, el proyecto de ley pasará a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual ratificación, lo que permitirá la entrada en vigor de la nueva normativa, adaptada a los estándares constitucionales y las exigencias de seguridad nacional.
Este proceso de revisión de la Ley 1-24 resalta el compromiso del gobierno y la sociedad civil en garantizar que el marco legal del sistema de inteligencia del Estado sea transparente, eficaz y respetuoso de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
