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SANTO DOMINGO.- La Comisión Especial de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Gregorio Domínguez, inició el estudio de una serie de modificaciones a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, con el fin de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta iniciativa, promovida por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ya fue aprobada en el Senado y ahora se encuentra en proceso de revisión en la Cámara Baja.
En la reunión celebrada hoy, la comisión analizó varias propuestas de enmienda a la ley, las cuales buscan introducir tipos penales específicos, aumentar la responsabilidad de los funcionarios públicos y endurecer las sanciones para proveedores y empresas involucradas en prácticas ilícitas.
Entre las modificaciones clave que se están considerando se incluyen:
- Responsabilidad Patrimonial: Se establecerán sanciones para funcionarios cuya negligencia o acciones causen perjuicios económicos al Estado, permitiendo también que terceros afectados puedan reclamar por los daños ocasionados.
- Régimen Disciplinario para Funcionarios Públicos: La propuesta establece una clasificación de faltas de acuerdo con su gravedad. Las faltas leves podrían acarrear amonestaciones, mientras que las reincidencias o faltas graves podrían resultar en suspensiones sin sueldo o en la destitución del cargo.
- Sanciones Penales y Administrativas: La reforma contempla inhabilitaciones temporales, multas para proveedores que violen la ley, y penas de prisión de hasta diez años para funcionarios públicos y personas jurídicas involucradas en actos de corrupción.
- Sanción por Declaraciones Falsas: Los proveedores que presenten información falsa en sus declaraciones juradas enfrentarán penas de prisión de entre uno y tres años.
- Procedimiento Disciplinario Riguroso: La propuesta también detalla un proceso disciplinario estricto para evaluar las faltas cometidas por funcionarios, conforme a la Ley de Función Pública, con el objetivo de garantizar un procedimiento justo y transparente.
El diputado Gregorio Domínguez expresó que “esta reforma busca fortalecer el sistema de compras y contrataciones públicas, endurecer las penas por corrupción y asegurar un uso más adecuado de los recursos del Estado, con el fin de reforzar la transparencia”.
La comisión continuará su labor en las próximas semanas, buscando el aporte de diversos sectores interesados para ultimar detalles sobre las modificaciones que fortalecerán el marco normativo de las contrataciones públicas en el país.
