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El Gobierno ha dispuesto la suspensión de las tradicionales fiestas navideñas en todas las instituciones públicas, una medida que busca aplicar un ajuste de austeridad en la administración pública, en medio de la creciente preocupación por el manejo de los recursos del Estado.
La decisión afecta tanto a las entidades centralizadas como descentralizadas, incluyendo ministerios, direcciones generales y otras dependencias gubernamentales, las cuales tradicionalmente organizaban eventos festivos para celebrar la temporada navideña. Como consecuencia, cientos de orquestas y artistas que ya tenían contratos establecidos para amenizar estas fiestas han visto suspendidos sus acuerdos.
Las orquestas de merengue, bachata, salsa y género urbano, que representan una parte importante de la oferta cultural del país, se han visto severamente afectadas por esta medida, ya que habían adelantado parte de sus compromisos contractuales con las instituciones gubernamentales. Artistas de renombre, que se habían programado para animar las festividades, también se han visto en la obligación de reprogramar sus presentaciones o asumir pérdidas económicas.
El Gobierno justificó la medida bajo el argumento de que, debido a la falta de recursos disponibles, no se pueden seguir destinando fondos públicos para estas actividades. Se espera que la nueva política de austeridad se extienda a otras áreas del gasto público, en un contexto de ajustes fiscales y la necesidad de priorizar inversiones en sectores estratégicos como la salud, educación y seguridad.
En medio de la controversia, fuentes no oficiales han indicado que las fiestas populares podrían continuar, pero con una estructura diferente. Estos eventos, organizados a través de la Liga Municipal Dominicana (LMD) y la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), serían financiados con recursos públicos, aunque aún no se han brindado detalles sobre su alcance o programación.
