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Santiago.- El Ministerio Público (MP) y la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) desmantelaron una red de distribución de material escolar falsificado en la provincia de Santiago, incautando más de mil unidades de productos elaborados de forma clandestina.
Estos artículos, destinados a niños y adolescentes en edad escolar, fueron reproducidos ilegalmente, violando las leyes de propiedad intelectual y afectando marcas debidamente registradas.
En un operativo conjunto realizado bajo la coordinación de la Unidad de Propiedad Intelectual del Ministerio Público (UPI-PGR), se incautaron 1,579 unidades de material educativo, entre ellos cuadernos y otros productos relacionados con la obra «Caligrafía Dominicana» y otras creaciones literarias, los cuales fueron producidos sin el consentimiento de los autores.
Los allanamientos tuvieron lugar en diversas zonas de Santiago, incluyendo el centro de la ciudad, el sector Pekín, al sur del municipio, y el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, afectando a vendedores ambulantes, librerías y papelerías.
El operativo fue liderado por la fiscal Lia Collado, supervisora de la Unidad de Delitos Electrónicos de la Fiscalía de Santiago, junto a los fiscales Sindy Burgos y Gerardo Ponce, así como inspectores de la ONDA de Santiago y Santo Domingo. El objetivo de estas intervenciones fue proteger el patrimonio cultural y la propiedad intelectual, conforme lo establece la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, que prohíbe la reproducción y distribución no autorizada de obras registradas.
La ONDA, como organismo encargado de regular los derechos de autor en el país, reafirmó su compromiso con la protección de la creatividad y la legalidad en el comercio de productos educativos. Las autoridades advirtieron que continuarán con su lucha contra el comercio ilícito de material educativo falsificado, buscando garantizar el respeto por los derechos de los autores y creadores dominicanos.
Este operativo forma parte de una serie de intervenciones programadas por el Ministerio Público para combatir el uso y distribución ilegal de productos que infringen la propiedad intelectual, respondiendo a denuncias y desarrollando investigaciones sobre este tipo de delitos.
