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El abogado Vinicio Lora Figuereo, defensor del coronel Narciso Antonio Romero y el capitán Juan Miguel Soler Pérez, involucrados en el caso de la denominada Operación Pandora, anunció que solicitarán la anulación de la medida de coerción presentada por el Ministerio Público, alegando que fue depositada fuera de plazo.
Lora Figuereo explicó que, según su versión, la solicitud de medida de coerción fue presentada después de las 9:00 de la noche del lunes, momento en que ya había expirado el plazo correspondiente. Los imputados, quienes fueron detenidos el pasado sábado alrededor de la 1:00 de la tarde en el Palacio de la Policía, llevaban más de 70 horas en detención, lo que, según su defensa, constituye una «prisión ilegal».
«Hemos venido aquí hoy al Juzgado de Atención Permanente a retirar la solicitud de medida de coerción que ha hecho el Ministerio Público. Estuvimos hasta las 9:00 de la noche y aún no se había depositado, por lo que entendemos que fue presentada fuera de plazo», manifestó el abogado en declaraciones ante la prensa. Además, destacó que la detención prolongada de los acusados sin una medida legal adecuada es un acto que viola sus derechos.
Por su parte, el Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para los implicados en el caso, argumentando que forman parte de una red criminal dentro de la Policía Nacional. Según las autoridades, esta estructura, liderada por el coronel Romero, se dedicaba al robo de municiones, con más de 900,000 proyectiles sustraídos bajo su mando en la Intendencia de Armas de la Policía.
El director de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, detalló que la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público consta de 213 páginas y 135 medios de prueba, suficientes, según su juicio, para proceder con la solicitud de prisión preventiva y declarar el caso como complejo.
La Operación Pandora, que investiga una red de corrupción dentro de la institución policial, sigue generando repercusiones en la sociedad, mientras que la defensa de los acusados insiste en que el proceso no ha cumplido con los plazos legales establecidos.
