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Miguelina Bello Segura ha sido imputada en el marco del caso Pandora, una investigación sobre una presunta red criminal integrada por agentes de la Policía Nacional que habrían sustraído más de 900,000 proyectiles de la institución. Según el Ministerio Público, Bello Segura sería responsable de la venta clandestina de estas municiones a nacionales haitianos, quienes las utilizarían para actividades criminales en el país.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción a la que tuvo acceso De Último Minuto, el Ministerio Público señala que Bello Segura recibió diversas cajas de municiones de distintos calibres para su comercialización. Cada proyectil era vendido a un precio entre RD$5,200 y RD$6,000, y la imputada las vendía clandestinamente a ciudadanos haitianos, quienes las utilizaban en el marco de hechos delictivos. La red criminal desarrolló lo que el Ministerio Público describe como un “mercado propio del crimen organizado”, compuesto por miembros de la Policía Nacional y civiles con antecedentes delictivos, quienes adquirían las municiones para revenderlas a precios más altos.
Además de Bello Segura, el caso Pandora incluye a varios miembros de la Policía Nacional, como el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la custodia de armas y municiones, el subintendente Juan Miguel Pérez Soler, y el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas. También están involucrados el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien, según la investigación, alteró los resultados de una auditoría en febrero, así como otros agentes y civiles que formaban parte activa de la organización criminal.
Entre los detalles revelados, se destaca que el capitán Santos, con más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas, jugó un papel clave en la manipulación de la auditoría y se asoció con los cabecillas de la red para alterar los números de la misma. Este acto de corrupción fue finalmente detectado por los investigadores, lo que permitió desmantelar parte de la operación.
El caso sigue siendo investigado por el Ministerio Público, que busca esclarecer todos los detalles de la red criminal y llevar ante la justicia a todos los involucrados en el tráfico ilegal de municiones.
