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La tensión política en Bolivia continúa en aumento, ya que las diferencias entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales, que comenzaron a gestarse a finales de 2021, se han agudizado este año, desatando un conflicto abierto que amenaza con desestabilizar aún más el panorama político y económico del país.
En una reciente reunión, Morales no dudó en arremeter contra Arce, acusándolo de recibir apoyo de Estados Unidos para alejarlo del poder y de haber orquestado un «autogolpe» en junio pasado, durante la crisis generada por el alzamiento militar. Según Morales, el presidente boliviano, junto con el “imperio” estadounidense, habría promovido un golpe de Estado encubierto con el fin de mantener el control del Ejecutivo.
«¿En qué parte de América Latina los Estados Unidos han defendido a un gobierno de izquierda?», cuestionó el exmandatario, quien también denunció que las decisiones de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) son ilegales, argumentando que, tras la prórroga de sus funciones debido a la falta de elecciones judiciales en 2023, estos no tienen la autoridad para impedir su habilitación como candidato presidencial.
Por su parte, el presidente Arce ha reaccionado con firmeza ante estas acusaciones, señalando a Morales de intentar «acortar su mandato» y generar «inestabilidad política y económica» en el país con la única intención de regresar al poder. Según fuentes cercanas al gobierno, Arce considera que la intervención de Morales en la política actual es una amenaza para la gobernabilidad y la estabilidad institucional del país.
El conflicto se ha trasladado también a las calles, donde sectores afines a Morales, principalmente de la región del Trópico de Cochabamba, han protagonizado bloqueos de carreteras. En octubre, los bloqueos alcanzaron los 24 días, y los manifestantes exigieron la habilitación de Morales como candidato presidencial, al mismo tiempo que denunciaron la crisis económica derivada de la escasez de combustible y dólares.
Además, Morales ha denunciado públicamente un supuesto «intento de asesinato» en su contra, acusando a Arce y a varios ministros de planear su muerte. Esta denuncia, junto con las reiteradas tensiones políticas, ha llevado a Morales a mantenerse en el Trópico de Cochabamba desde principios de octubre, evitando salir de la región mientras evalúa posibles pasos a seguir.
En medio de este clima de confrontación, se espera que hoy, Morales y sus seguidores tomen decisiones cruciales sobre el futuro del Movimiento al Socialismo (MAS) y el rol del exmandatario dentro de la política nacional. Fuentes cercanas al entorno de Morales sugieren que no se descartan medidas de hecho contra el gobierno de Arce, lo que podría intensificar aún más la crisis que atraviesa el país.
Con la división interna del MAS en su punto más álgido y el país enfrentando una creciente crisis económica, Bolivia se encuentra en un momento de incertidumbre política que podría marcar el rumbo de su futuro inmediato.