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Al menos 314 niños ucranianos han sido sometidos en adopción o acogida forzada desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022 para su “rusificación”, según una investigación publicada por la Universidad de Yale (Estados Unidos).
La institución ha identificado a 166 niños ya emplazados con ciudadanos rusos y 148 alistados en bases de datos que están operadas, afiliadas o dirigidas directamente por el Gobierno ruso o que se coordinan con este como parte de una operación “sistemática, intencional y extendida”.
Los 314 niños ucranianos identificados en la investigación se tomaron de las provincias de Donetsk y Luhansk declaradas unilateralmente rusas, transportados a puntos temporales y distribuidos a 21 regiones del país; de ellos se han naturalizado 67 y están emplazados 42.
También se concluye que Rusia está utilizando psicólogos para legitimizar este programa de adopciones como una “necesidad médica” y que los niños se someten a una “reeducación prorrusa” tras entrar en custodia rusa.
La investigación, del Humanitarian Research Lab de la Escuela de Salud Pública de Yale, supone “el análisis de alta confianza más amplio y detallado hasta la fecha sobre el emplazamiento de niños de Ucrania con ciudadanos de Rusia o alistados en las bases de datos (de adopciones) de Rusia”.
Los investigadores indican en el informe que las adopciones y acogidas forzadas que documentan pueden constituir crímenes de guerra y contra la humanidad, y que junto a otras pruebas pueden incluso reforzar los argumentos de que Rusia está cometiendo genocidio contra Ucrania.
CPI dictó orden de arresto contra Putin y su comisionada
En marzo de este mismo año fue dictada la órdenes de arresto contra Putin y su comisionada por La Corte Penal Internacional (CPI) para la protección de la infancia, María Lvova-Belova, por la deportación masiva de menores ucranianos desde las zonas ocupadas en Ucrania a territorio de Rusia, lo que supone un crimen de guerra.
Además de Putin y Lvova-Belova, el informe de Yale acusa a otros funcionarios rusos por su responsabilidad en el programa de adopciones forzadas: Anna Kuznetsova, vicepresidenta de la Duma o cámara de diputados rusa; Sergei Kravtsov, ministro de Educación; y los jefes de las administraciones prorrusas de Donetsk y Luhansk.
