Santo Domingo, RD – La Tercera Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó este lunes la condena de 30 años de prisión contra Carlos Alberto Pérez Almonte, quien fue hallado culpable de fabricar y comercializar la bebida Monday’s, que provocó la muerte de cuatro personas y dejó a otras siete intoxicadas en 2021.

El tribunal confirmó la sentencia dictada por un tribunal de primera instancia, luego de que el procurador de Corte de Apelación, Elpidio Collado, representando al Ministerio Público, solicitara la ratificación de la pena. Con esta decisión, Pérez Almonte deberá cumplir su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal.

El caso

Según el expediente de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, Carlos Alberto Pérez Almonte fabricaba la bebida Monday’s de manera informal, sin ningún control sanitario ni licencia del Ministerio de Salud Pública para producir bebidas para el consumo humano. Esta bebida, adulterada con sustancias tóxicas, fue comercializada y consumida por varias personas, lo que resultó en la tragedia.

Las víctimas mortales fueron identificadas como María Magdalena Montero Canario, Dennis Montero, Jennifer Ramírez Montero, y Ruth Esther Ortega Ramírez. Además, otros siete individuos, entre ellos Josefina Suero, Anyery Altagracia Alejo Sánchez, y Juan Luis de la Rosa Polanco, presentaron severos síntomas de intoxicación tras consumir la bebida.

Condena por violación de leyes de salud y seguridad

La Tercera Cámara Penal ratificó la condena por la violación de varias leyes, entre ellas la Ley General de Salud No. 42-01 y la Ley No. 17-19 para la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados. Además, Pérez Almonte fue condenado por infringir los artículos 301 y 302 del Código Penal Dominicano, que tipifican los delitos de homicidio involuntario y lesiones por negligencia.

Con esta sentencia, la justicia busca sancionar no solo el comercio ilícito de productos de consumo, sino también las prácticas irresponsables que ponen en riesgo la salud pública y la vida de los ciudadanos. La tragedia subraya la importancia de la regulación en la producción y comercialización de productos alimenticios y bebidas en el país.

El Ministerio Público expresó su satisfacción por la decisión judicial, reiterando su compromiso con la protección de la salud pública y la justicia para las víctimas.