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La reciente incautación de 9.8 toneladas de cocaína en la República Dominicana ha desatado un intenso debate sobre la responsabilidad del cargamento, ya que hasta el momento, dos países se han desvinculado del alijo. La Dirección General de la Marina Mercante de Honduras (DGMM) reveló este martes el recorrido del contenedor involucrado, confirmando que este no desembarcó en su territorio.
Según la DGMM, el contenedor identificado con el número HLBU9354083 llegó vacío al puerto Santo Tomás de Castilla, Guatemala, el 25 de noviembre, y fue trasladado a Puerto Barrios dos días después. Posteriormente, el 29 de noviembre, el contenedor fue cargado en el buque SCORPIUS, de bandera liberiana, con destino a Puerto Caucedo, en la República Dominicana.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, reafirmó la desvinculación de su país con el cargamento decomisado el 6 de diciembre, señalando que las autoridades dominicanas han confirmado que la «contaminación» del cargamento ocurrió en la República Dominicana. «Ya quedó claro que el contenedor no tuvo ninguna contaminación en Guatemala», afirmó Arévalo.
Ante esta situación, legisladores de diversas bancadas han solicitado una investigación exhaustiva sobre el descomiso. El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Miguel Arredondo, enfatizó la necesidad de esclarecer las dudas que rodean la incautación. Por su parte, Alcibíades Tavárez, diputado de la Fuerza del Pueblo (FP) por San Pedro de Macorís, instó a todas las instituciones del Gobierno a aclarar lo sucedido y cuestionó la rapidez con la que fue incinerado el cargamento, subrayando que esto representa una prueba crucial del delito.
La controversia en torno a este caso resalta la importancia de una mayor transparencia y coordinación entre los países involucrados en la lucha contra el narcotráfico, así como la necesidad de garantizar que se sigan los procedimientos adecuados en la gestión de evidencias. La comunidad espera respuestas claras y acciones efectivas para abordar este grave problema.
