Santo Domingo. – El exsenador y titular agropecuario del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Adriano Sánchez Roa, calificó como una «chapucería» el Decreto Arrocero número 693-24, al señalar que este no tiene la capacidad de modificar el acuerdo del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y Centroamérica (RD-CAFTA), pero sí pone al país en riesgo de enfrentar serias demandas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Sánchez Roa, quien también fue administrador del Banco Agrícola, argumentó que, aunque el decreto podría haber funcionado como una medida de protección para los productores nacionales en otro contexto, en el marco del RD-CAFTA es inaplicable y contraproducente. “Este decreto pretende evadir obligaciones constitucionales entre naciones y no solo es ineficaz, sino que puede acarrear consecuencias legales graves para nuestro país,” expresó.

Un desafío ante los subsidios agrícolas de EE. UU.

El exsenador recordó que, mientras el gobierno dominicano busca una solución local para proteger a los productores de arroz, Estados Unidos aprobó una extensión de su ley agrícola Farm Bill, que otorga subsidios significativos al arroz, lo que permite a los productores estadounidenses ofrecer su arroz a precios más bajos en el mercado dominicano. Según Sánchez Roa, actualmente el arroz de EE. UU. puede venderse en el país a un precio 6 pesos más barato que el arroz nacional, lo que pone en desventaja a los productores locales.

“La productividad de EE. UU. sigue recuperándose, y en 2024 se estima que producirán 167.7 millones de quintales de arroz, lo que ampliará aún más la brecha de competitividad,” agregó.

La pérdida de oportunidades para la producción local

Sánchez Roa también destacó que, durante el gobierno del expresidente Danilo Medina, se había acordado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un plan para incrementar la productividad local y ofrecer subvenciones a los productores dominicanos para mejorar la competitividad del arroz. Sin embargo, este plan fue desechado por el gobierno actual.

El exsenador mencionó que los programas que se planearon entre 2021 y 2023 incluían subsidios para la mejora genética de variedades de arroz, certificación de semillas, modernización del manejo del cultivo y apoyo a los productores mediante cooperativas. Sin embargo, estas iniciativas fueron abandonadas, dejando a los arroceros dominicanos en una situación de desventaja.

Riesgos de violar el RD-CAFTA

Sánchez Roa advirtió que violar los términos del RD-CAFTA podría generar retaliaciones comerciales por parte de Estados Unidos y otros países miembros del acuerdo, lo que afectaría las exportaciones dominicanas, como el tabaco, el cacao, el café, el azúcar, y productos de zonas francas, entre otros.

“Estamos arriesgando mucho al intentar burlar el RD-CAFTA. Si Estados Unidos u otros países firmantes inician acciones legales, las consecuencias para el comercio exterior dominicano podrían ser severas,” explicó Sánchez Roa.

Preocupaciones por el aumento de los precios

El exadministrador del Banco Agrícola también expresó su preocupación por el aumento de los precios del arroz en el mercado local. Desde agosto de 2020, el costo del saco de arroz de 125 libras ha subido un 147.73%,  pasando de RD$1,650.00 a RD$4,087.50 en la actualidad, lo que impacta directamente en los consumidores dominicanos.

“Es alarmante que, a pesar de este aumento, la productividad nacional ha caído. En 2023, la productividad fue de 4.55 quintales por tarea, comparado con los 4.64 quintales de 2019. Esto refleja un claro descuido en la gestión del sector,” señaló Sánchez Roa.

 Un llamado a la acción

Sánchez Roa concluyó su intervención haciendo un llamado a las autoridades agropecuarias a reconsiderar el enfoque del gobierno y a buscar soluciones reales que beneficien a los 30,000 productores de arroz en el país, quienes emplean a más de 300,000 personas entre directos e indirectos. El arroz, destacó, es el “alma de la producción nacional” y debe recibir un trato preferencial.

“El arroz es el alimento básico de los dominicanos, y su producción debe ser una prioridad para el gobierno. Es necesario implementar políticas más eficaces que realmente protejan a nuestros productores y garanticen precios justos para los consumidores,” concluyó el exsenador.