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En la mañana de hoy, se registraron fuertes enfrentamientos entre comunitarios y fuerzas militares en las proximidades de la minera Barrick Pueblo Viejo, ubicada en la provincia Sánchez Ramírez. Los choques, que involucraron tanto a agentes policiales como militares, ocurrieron en el distrito municipal de Zambrana Abajo, específicamente en el área de Arroyo Vuelta, donde los residentes de la zona se oponen al proyecto de expansión de la minera y la reubicación de sus comunidades.
Los enfrentamientos dejaron varios heridos, entre ellos, miembros de la comunidad y algunos sacerdotes que se encontraban en el lugar para mediar en el conflicto. Los comunitarios habían bloqueado la vía de acceso a la minera como medida de protesta por las condiciones de las negociaciones relacionadas con su reubicación.
El desacuerdo radica en los precios y las condiciones ofrecidas por la minera Barrick Pueblo Viejo para la reubicación de las familias afectadas en comunidades como El Naranjo, Tres Bocas, El Rayo, Arroyo Vuelta, Las Lajas y El Higo, las cuales están en las cercanías de la zona donde la multinacional planea construir una segunda presa de cola, parte de su proyecto de expansión minera.
Organizaciones de la sociedad civil y dirigentes políticos han condenado los enfrentamientos, señalando la violencia como un reflejo de la falta de un diálogo efectivo entre las autoridades, la minera y las comunidades. Entre los que se han expresado en contra de los hechos se encuentra el grupo sacerdotal Helder Cámara, quienes han expresado su preocupación por la creciente militarización de la zona y la falta de soluciones negociadas para los afectados.
Por su parte, la minera Barrick Pueblo Viejo ha emitido un comunicado en el que se deslinda de la violencia y los enfrentamientos, asegurando que el conflicto se deriva de desacuerdos entre los comunitarios y las autoridades, y no entre la empresa y las comunidades. La compañía ha reiterado que está comprometida con el proceso de reubicación, detallando que más del 70% de un proyecto habitacional en la comunidad de Maguaca está avanzado, con el objetivo de reubicar a las familias afectadas por la expansión minera.
El conflicto, que sigue sin resolverse, refleja la creciente tensión en la zona, donde la oposición a las operaciones mineras y la falta de acuerdos justos sobre compensaciones y reubicaciones continúan siendo puntos críticos en la relación entre las comunidades y las grandes empresas extractivas en la región.
