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La misma recompensa de 25 millones de dólares fue establecida para Diosdado Cabello, ministro del Interior y una de las figuras más influyentes del régimen. En paralelo, Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por información sobre el paradero del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Estas medidas forman parte de las acusaciones que vinculan a altos funcionarios venezolanos con actividades de narcotráfico y otros delitos graves.
Además de las recompensas, la administración estadounidense impuso nuevas sanciones económicas. Entre los sancionados destacan Héctor Obregón Pérez, presidente de PDVSA, el ministro de Transporte y el presidente de Conviasa, la aerolínea estatal de Venezuela. A estas sanciones se suma una prohibición de visas para aproximadamente 2,000 venezolanos identificados como colaboradores del régimen.
El senador republicano Rick Scott también propuso que la recompensa por Maduro se eleve a 100 millones de dólares, aunque esta medida no ha sido aprobada oficialmente. Mientras tanto, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) mantiene activa su oferta de 25 millones de dólares por la captura del recién juramentado mandatario.
La nueva juramentación de Nicolás Maduro se llevó a cabo en un contexto de rechazo internacional y creciente aislamiento. Estados Unidos, junto con otros países, ha desconocido la legitimidad de su gobierno, mientras sigue apoyando a sectores opositores que buscan una transición democrática en el país.
Las recientes acciones, incluyendo las recompensas y sanciones, reflejan la postura firme de Estados Unidos frente al régimen de Maduro, al que considera responsable de la crisis humanitaria, política y económica que atraviesa Venezuela.
