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La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) ha expresado su firme rechazo ante los recientes actos de violencia cometidos por la empresa minera Barrick Gold, apoyada por miembros de la Policía Nacional y el Ejército de la República Dominicana, contra la comunidad de Arroyo Vuelta y cinco comunidades cercanas en el distrito municipal de Zambrana, Cotuí, provincia de Sánchez Ramírez.
En un comunicado, los líderes católicos calificaron estos hechos como una grave violación de los derechos humanos y un abuso de poder, al ser caracterizados por el uso excesivo de la fuerza, lo que resultó en varios heridos, entre ellos dos sacerdotes. La CED condenó estos actos como «absolutamente inaceptables» en un estado de derecho, que debe garantizar la justicia, la paz y el respeto a la dignidad de las personas, especialmente de los más vulnerables.
«Es urgente rechazar la estrategia del miedo. La Iglesia católica, fiel a su misión de defender la vida y la dignidad humana, condena rotundamente cualquier acto que transgreda los derechos fundamentales de las comunidades afectadas», expresaron los obispos, mostrando su solidaridad con monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, obispo de La Vega y presidente de la Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente. «Es inadmisible que el interés económico se anteponga a la vida y la paz de las familias de la región», añadieron.
El padre Johnny Durán también se pronunció sobre los hechos ocurridos el miércoles en las comunidades Las Tres Bocas y Arroyo Huerta, en Cotuí, donde al menos siete personas resultaron heridas durante una protesta pacífica contra la construcción de una presa de cola de Barrick Gold. Durán, uno de los heridos en los incidentes, expresó su pesar por la violencia ejercida contra los manifestantes que luchan por sus derechos.
El senador de la provincia de Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, hizo un llamado a las partes involucradas en el conflicto para que continúen las negociaciones, enfatizando la necesidad de mantener un ambiente de respeto mutuo y compromiso con la paz social. De los Santos ha sido un participante activo en los esfuerzos de diálogo que han buscado resolver el conflicto entre las comunidades locales y la minera Pueblo Viejo, con la esperanza de encontrar soluciones que beneficien a todas las partes.
Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, desmintió los rumores sobre un supuesto desalojo en las comunidades de Sánchez Ramírez, aclarando que no hubo tal acción, a pesar de los conflictos que se han generado recientemente. La aclaración busca despejar dudas sobre la situación, en medio de una creciente preocupación por el impacto de las actividades mineras en la región.
