La Administración del presidente Donald Trump despidió al menos a 17 inspectores generales de diversas agencias federales, responsables de supervisar y auditar el trabajo del Gobierno de manera independiente. Esta decisión, reportada por medios estadounidenses, se alinea con la postura crítica que Trump había manifestado hacia estos funcionarios desde el inicio de su mandato.
La medida desató una ola de críticas, especialmente entre miembros del Partido Demócrata. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, calificó las destituciones como una “posible violación de las leyes federales”. Según la normativa vigente, aunque el presidente tiene la autoridad para destituir a los inspectores generales, está obligado a notificar al Congreso con 30 días de antelación y proporcionar una justificación detallada.
Por su parte, el senador republicano por Iowa, Chuck Grassley, expresó su preocupación en un comunicado, subrayando que los inspectores generales deben actuar con independencia de presiones políticas y garantizar tanto el cumplimiento de la ley como el uso adecuado de los fondos públicos. “No debería haber interferencias políticas en su trabajo. Si existen motivos válidos para estas destituciones, deberían ser aclarados por la Casa Blanca”, señaló.
La legislación vigente también establece que cualquier reemplazo de inspectores generales debe provenir de la comunidad de estos funcionarios especializados, un requisito que podría no cumplirse según analistas y legisladores. Algunos temen que la Administración Trump no tenga intención de nombrar sustitutos inmediatos, lo que podría debilitar las funciones de supervisión en el Gobierno federal.
Esta decisión se suma a una serie de acciones por parte del presidente Trump que han generado tensiones entre el Ejecutivo y los órganos de control. Para muchos críticos, la destitución de los inspectores generales representa un intento por limitar el escrutinio sobre la gestión del Gobierno, mientras que los aliados del presidente insisten en su derecho legal a reorganizar el liderazgo en estas agencias.
El movimiento de destituciones abre un nuevo capítulo en la ya polarizada política estadounidense, con posibles implicaciones legales y políticas que podrían repercutir en los próximos meses.
