El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU ha expresado su preocupación por las recientes reformas constitucionales aprobadas por el régimen de Daniel Ortega, advirtiendo que representan una “sentencia de muerte para el Estado de derecho y las libertades fundamentales” en el país.
Reed Bródy, abogado húngaro y miembro del grupo, señaló que las reformas permiten al régimen sandinista consolidar su control absoluto sobre los tres poderes del Estado: el Judicial, el Legislativo y el Electoral. “Ortega y Rosario Murillo han afianzado su poder absoluto. Ahora controlan todos los poderes del Estado, con la capacidad de suspender derechos, desplegar al Ejército en operaciones policiales y usar a la ‘policía voluntaria’ como tropas de choque”, alertó Bródy.
Según el informe de la ONU, estos cambios institucionales “oficializan el cierre del espacio cívico” en Nicaragua, dejando a los ciudadanos sin medios para recurrir cuando sus derechos sean vulnerados.
La reforma constitucional, aprobada por la Asamblea Nacional controlada por el régimen el pasado martes, establece la figura de copresidente, amplía el período presidencial de cinco a seis años, y otorga al Ejecutivo la facultad de coordinar el resto de los poderes del Estado. Además, excluye a los líderes opositores desterrados y desnacionalizados en 2023 de participar en las elecciones.
Desde su regreso al poder en 2007, Ortega ha impulsado 12 reformas constitucionales, incluyendo la eliminación de los límites a la reelección presidencial. La actual reforma entrará en vigor el 30 de enero.
Simultáneamente, el régimen ha intensificado su persecución contra la Iglesia Católica, expulsando a más de 30 monjas de la Orden de Santa Clara, en un nuevo ataque a la libertad religiosa. Las religiosas fueron desalojadas de sus conventos en Managua, Matagalpa y Chinandega, sin poder llevar más que unas pocas pertenencias.
La comunidad internacional ha condenado la creciente represión y el autoritarismo del régimen de Ortega y Murillo, que continúa consolidando su poder a costa de los derechos fundamentales y las libertades en Nicaragua.
