El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 y tres años de prisión a los integrantes de una red de trata y explotación de mujeres extranjeras, desmantelada en agosto de 2022 mediante la Operación Cattleya.
El tribunal, presidido por la jueza Arlin Ventura Jiménez e integrado por Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, ordenó que las penas sean cumplidas en las cárceles de Najayo-Hombres y Mujeres, en San Cristóbal. Además, fijó para el 24 de abril a las 9:00 de la mañana la lectura íntegra de la sentencia.
Condenados y sanciones
El tribunal impuso 20 años de prisión a los principales acusados: José Alberto Soriano Rosario, Melvin José Valentín Peguero, Wilcene Oscar, Dionicio Mieses de la Cruz (alias Dionis), María Paula Murillo Vargas, Zafiro Nathaly Sánchez González y Engel Neftalí Vargas Soto (alias Ángel). Además, estos deberán pagar una multa equivalente a 150 salarios mínimos.
Asimismo, fueron condenados a tres años de prisión Alejandro Arturo García Bustamante (Gato), Robert Eleuterio Lee Paniagua, José Miguel Michel Guridis, Daniel Enrique Inirio Abreu, Cristina Virginia González Hernández y Braulio Manuel Lugo, además de una multa económica.
Por otro lado, Oliver Arnaud, conocido como Timothy Case, recibió una pena de seis meses de prisión, mientras que Carlos Jonatthan Walwyn Campusano fue descargado. Además, se ordenó la disolución del Hotel Oscar Inn Santo Domingo, que era utilizado para la explotación de víctimas.
Argumentos del Ministerio Público
La decisión del tribunal acogió el dictamen de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), representada por la titular Yoanna Bejaran Álvarez y los fiscales Aleika Almonte, Ginna Matías, Noelia Tavera y Eduardo Velásquez.
Según la acusación, el grupo captaba, trasladaba y explotaba sexualmente a mujeres, en su mayoría extranjeras, bajo falsas promesas de empleo en el país. También se les imputaron cargos por asociación de malhechores y, en algunos casos, por lavado de activos, debido a los beneficios obtenidos de la actividad ilícita.
El Ministerio Público demostró que los acusados coordinaban sus operaciones mediante grupos de WhatsApp y redes sociales, a través de los cuales promocionaban a las víctimas, las vendían y obtenían ganancias ilícitas.
Con esta sentencia, se reafirma el compromiso de la justicia dominicana en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual.
